Dos países y demasiadas coincidencias. Revista La Brújula, de El Salvador, y Ojoconmipisto, de Guatemala, exploran la realidad que enfrentan adolescentes que se convierten en madres en ambos lados de la frontera.
Beatriz Colmenares
Ojoconmipisto
*Esta investigación fue originalmente publicado en Ojoconmipisto.
En Guatemala, así como sucede en El Salvador, no se habla lo suficiente de la importancia de prevenir los embarazos en niñas y adolescentes. Tendría que ser una prioridad nacional: una alianza interinstitucional y una preocupación de toda la sociedad. Pero no lo es.
En ambos países, el trabajo debería empezar desde los gobiernos locales. Sin embargo, el presupuesto se destina a otra parte. “A la obra gris”, dicen en Cobán, Alta Verapaz. O a ninguna parte, como ocurrió en El Salvador cuando dejó de ejecutarse una estrategia nacional cuya fecha de vencimiento era 2027.
Este esfuerzo periodístico binacional cuenta la historia desde dos países vecinos. En Reestructuración municipal debilitó la ya escasa prevención del embarazo en niñas y adolescentes, Revista La Brújula pinta el panorama que se vive en Ahuachapán, Sonsonate y La Unión, departamentos en donde prevalecen economías informales y uniones tempranas. Ojoconmipisto, por su parte, cuenta la historia de dos adolescentes en Las niñas de Guatemala no conocen la primavera. Las historias se publican en ambos medios de forma simultánea.
La realidad aquí y allá
Más de 56 mil niñas y adolescentes guatemaltecas, entre los 10 y los 19 años, fueron madres en 2025. Esto equivale a 155 partos diarios. De ellas, más de dos mil tenían entre 10 y 14, lo cual, según la legislación vigente, significa que hubo una violación (artículo 173 del Código Penal).
El recuento de datos lo realiza el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), foro interinstitucional creado en 2008 por el Congreso para monitorear y fiscalizar la puesta en marcha de políticas públicas vinculadas con la salud reproductiva.
La situación da para historias. Y no solamente aquí.
En El Salvador, por ejemplo, no se cuenta con datos de 2025. Lo que sí se sabe es que en 2024 se registró un promedio de 21 casos diarios –7 mil 900 en total–, según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado el 24 de junio del año pasado.
Tres departamentos del vecino país reportan el mayor número de casos: Sonsonate, La Unión (fronterizo con Honduras) y Ahuachapán (fronterizo con Guatemala). Los dos últimos, además, registran una alta proporción de población migrante a Estados Unidos. Revista La Brújula estuvo en los tres territorios para investigar esta problemática desde dentro.
Llamar las cosas por su nombre
Tanto en El Salvador como en Guatemala, las razones detrás de los embarazos de niñas y adolescentes tienen un trasfondo común: poca o nula educación sexual integral. Muchas madres “ni siquiera saben cómo” sucedió. No entienden por qué, de pronto, están embarazadas. Así lo explica Eugenia Chacón, a cargo de la Unidad de Salud Mental de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz.
En El Salvador “ya no se puede hablar de sexualidad integral como antes”, señala una doctora consultada por Revista La Brújula. Antes se podía. Sin embargo, ya no se ejecuta la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, creada por el Gabinete Social y de Inclusión del segundo gobierno del FMLN. Además, se eliminó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que daba recursos directos a las alcaldías cuando se redujeron los municipios de 262 a 44 como parte de una reforma territorial en 2023.
En Guatemala, “los maestros no están informados sobre la importancia de brindar educación integral en sexualidad y nosotras vemos lo que implica no saber cómo funciona el cuerpo”, expresa Carmelina Chocooj, técnica en salud sexual y reproductiva de Osar en Alta Verapaz. No hay una prohibición explícita, pero, según Osar, desde el ministerio de Educación prevalece el miedo a la reacción que pueden adoptar algunas sindicatos, que insisten en afirmar que la educación integral en sexualidad genera cambios de sexo.
Además, en ambos lados de la frontera se normaliza la violencia que se ejerce contra niñas y adolescentes forzadas a ser madres. No importa que los matrimonios de menores de 18 años estén prohibidos tanto en El Salvador como en Guatemala desde 2017. Los números dicen otra cosa.
Carolina Escobar Sarti es la directora nacional de La Alianza, una entidad que trabaja a favor de la niñez y adolescencia desamparada en Guatemala y que tiene más de 15 años de ser testigo de miles de historias de niñas como las retratadas en estas historias.
“La normalización de la violencia sexual es perversa”, indica. Y es que las niñas y adolescentes no saben que pueden decir “no”. Las uniones de hecho se normalizan, aunque la ley las prohiba. “Se silencia a las víctimas. Si dicen la verdad, no les creen. Y cuando hablan, expresan frases como yo creí que era así, yo no sabía que me habían violado”, comenta Escobar Sarti.
Chacón amplía: “Un niño y una niña con información saben que no se vale que los toquen”. Para eso, es importante empezar por lo básico: conocer las partes del cuerpo. Se llama pene. Es una vulva. “¿Qué de raro hay en que sepan el nombre de un órgano sexual?”, se pregunta Chacón. Pero la realidad es distinta: son “la paloma” y “la cucharita”.
El violador vive en la casa
“En el 30 % de los casos de embarazos de niñas y adolescentes, el padre biológico es el responsable”, afirma Escobar Sarti. “Por eso, en La Alianza teníamos terror de lo que podía pasar cuando nos encerramos por la pandemia de covid-19”. Los embarazos superaron los 104 mil en 2020. En 2019 fueron poco más de 71 mil. Al año siguiente, 77 mil y pico.
La violencia, además, es intergeneracional. Escobar Sarti recuerda el caso de Ana, de 16 años. Por orden judicial, tanto ella como su hija, de 3, estaban bajo resguardo de la organización.
Madre e hija, como parte de la atención proporcionada por la entidad, pasaron por un proceso educativo y ya eran capaces de identificar, por su nombre, a la agresión. “Los dos recibían visitas frecuentes de los abuelos y la madre de Ana”, indica Escobar Sarti. “Un día, la nena de 3 nos dijo que su bisabuelo, un hombre que siempre portaba un gran sombrero, la tocaba. Investigamos. Hubo prueba forense. La pequeña decía la verdad. Y, poco a poco, todo salió a la luz. El hombre era el padre de las tres: de su hija, de su nieta y de su bisnieta”.
Desde El Salvador nos hablan de “situaciones de abuso dentro del núcleo familiar que no siempre se denuncian. Si no se trabaja lo cultural y lo educativo de manera sostenida, el ciclo se repite”, expresa una doctora consultada por Revista La Brújula.
La gran mayoría (90 %) son madres solteras. Así se consigna en el informe “Niñas teniendo niños” publicado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA) en 2025, y es la realidad de los cuatro casos retratados por Revista La Brújula y Ojoconmipisto.
El documento de la ODHA refleja episodios que también se plasman en los reportajes. Las niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo, se ven en la obligación de abandonarlo o cambia la dinámica familiar y es la abuela la que cuida al bebé. En todas las circunstancias, las madres dejan de ser dueñas de su tiempo. Sus planes de vida quedan truncados.
El silencio y el miedo
Al no poder identificarse como víctimas de agresión, las adolescente llevan su embarazo en silencio. Enfrentan sentimientos de culpa, depresión y aislamiento. “Padecen de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y transtornos de adaptación”, comparte Chacón.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de El Salvador publicó en 2019 el informe “¿Sin opciones?: muertes maternas por suicidio”. El documento desarrolla relatos de adolescentes que se quitaron la vida al ingerir insecticidas o pesticidas.
“En La Alianza”, recuerda Escobar Sarti, “recibimos a cuatro hermanas víctimas de violencia sexual de una aldea de Alta Verapaz. Vivían de cosechar tomate y chile pimiento. La mayor tenía 17; la más pequeña, 10. Indígenas, desnutridas y analfabetas. Una de ellas se atrevió a decir quiénes eran los agresores. Identificó al hermano, que fue procesado. La madre amenazó a la hija que denunció. Le pedía que se retractara, porque así “la iba a volver a querer”.
No la querían en su casa. La rechazaban en su comunidad. Murió en el hospital. Tomó Gamesan.
Luchar contra esta realidad, dice Escobar Sarti, va más allá de la educación. “Está claro que no hemos tenido una ley integral que aborde los temas de género como se debiera”, afirma. Y añade: “Para cerrar este círculo de violencia, lo que necesitamos es un cambio cultural. Niños, niñas y adolescentes tienen que estar claros de que nadie puede tocarlos sin su consentimiento, nadie tiene derecho a pegarles y que sí tienen derecho a tener una familia y a ser madres o padres cuando quieran, no porque se les imponga”.
Lo que se hace o deja de hacerse
En El Salvador hay un antes y un después. Los programas que existían se interrumpieron a partir de 2024 cuando dejó de ejecutarse la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027. Por otra parte, las Unidades Municipales de la Mujer enfrentan hoy limitaciones presupuestarias y de cobertura, pese a que las alcaldías deben ser reconocidas como actores clave en la protección.
Revista La Brújula preguntó a las alcaldías acerca de esto. Las respuestas fueron escasas. Las autoridades argumentaron no estar autorizadas a brindar entrevistas. Quienes hablaron lo hicieron bajo condición de anonimato.
Guatemala contaba, desde 2018, con el Plan Nacional de Prevención en Adolescentes y Jóvenes (Planea) que tenía que renovarse en 2025. No ha pasado.
Por otra parte, la Dirección Municipal de la Mujer, Género, Familia, Niñez y Adolescencia de Cobán tiene que atender todos los desafíos sociales del municipio. La prevención de embarazos es solo parte. Y casi todo el presupuesto se va en gastos de funcionamiento. Los Consejos Municipales de Desarrollo tendrían, en teoría, que jugar un papel clave. En teoría.
Tanto en Guatemala como en El Salvador es preciso que la sociedad tome conciencia del cambio cultural que se necesita. “Entender”, afirma Escobar Sarti, “que los embarazados forzados son tortura”.
Este reportaje fue posible gracias al apoyo financiero de Free Press Unlimited, que no influyó en su contenido. Además, forma parte de un proyecto conjunto realizado con Revista La Brújula, El Salvador.
