Las políticas educativas impulsadas en los últimos años en El Salvador han profundizado una crisis estructural del sistema público. Bajos resultados académicos, reformas curriculares implementadas sin consulta y el cierre progresivo de escuelas están afectando gravemente el derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes.
En este contexto, Revista La Brújula conversó con Idalia Zúniga, docente y miembro del Frente Magisterial Salvadoreño, quien compartió su valoración sobre el estado actual del sistema educativo salvadoreño y los principales impactos.
Por. Redacción
El sistema educativo público de El Salvador atraviesa una de sus etapas más críticas en las últimas décadas, caracterizada por reformas impulsadas desde el Ejecutivo, deficientes resultados académicos y un creciente abandono escolar.
Uno de los principales señalamientos del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) apunta al modelo gubernamental denominado “Mi Nueva Escuela”, presentado como un eje central de modernización educativa. Sin embargo, desde el magisterio se percibe como una estrategia más comunicacional que estructural.
Se habla de una transformación profunda, pero en la práctica no existe una inversión real para los más de 5.150 centros escolares del país”, afirmó Idalia Zúniga, representante del FMS, al subrayar que muchas escuelas continúan enfrentando graves carencias de infraestructura y recursos básicos.
Según Zúniga, las deficiencias del sistema se profundizaron durante la pandemia de COVID-19. Lxs estudiantes permanecieron fuera de las aulas durante aproximadamente 390 días, sin contar con plataformas virtuales adecuadas ni dispositivos tecnológicos. Este prolongado aislamiento provocó un retroceso significativo en los aprendizajes, especialmente en los primeros grados.
A esta situación se sumó una medida emitida durante la gestión de la exministra de Educación, Carla Hananía de Varela, que prohibía reprobar a los estudiantes, incluso a aquellos con mínima participación en las clases virtuales. Zúniga señaló que esta medida tuvo consecuencias graves.
“Nos encontramos ahora con niños que llegan a cuarto grado sin saber leer ni escribir”, una realidad que, asegura, evidencia el fracaso de decisiones administrativas desconectadas del aula.
Los resultados de evaluaciones internacionales han confirmado estas advertencias. En la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que mide las habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias y que fue aplicada en 2022, El Salvador obtuvo resultados catalogados como “altamente malos” por sectores del magisterio, lo que generó fuertes críticas a la gestión educativa del gobierno del presidente Nayib Bukele. De igual forma, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) ubicó al país entre los tres con peor desempeño de la región en los aprendizajes de tercero y sexto grado.
Resultados de la prueba PISA de 2022.
Ante este panorama, el Ministerio de Educación ha impulsado modificaciones curriculares orientadas a reforzar lenguaje y matemáticas mediante talleres de recuperación y programas de lectura y escritura. No obstante, estas medidas han implicado la reducción de horas en áreas como artes y educación física, así como la eliminación de estudios sociales, sustituidos por la asignatura “ciudadanía y valores”.
Distribución de materias para tercer ciclo y bachillerato. En la imagen ya se evidencia los nuevos nombres de las asignaturas. Fuente: FMS
Desde la perspectiva del Frente Magisterial Salvadoreño, estos cambios se han implementado sin procesos de consulta. Sostienen que ni docentes ni padres de familia fueron tomados en cuenta, lo que genera incertidumbre sobre la calidad y el sentido integral de la educación pública.
Para el gremio docente, el fortalecimiento académico no puede lograrse sacrificando áreas fundamentales para el desarrollo crítico, cultural y físico de la niñez.
También mencionan un deterioro preocupante en indicadores sociales vinculados a la educación. Una encuesta realizada en 2024 registró que 146.378 niños y adolescentes, entre 4 y 17 años, abandonaron la escuela, cifra que podría incrementarse en 2025.
Paralelamente, la tasa de analfabetismo pasó del 9,3 % en 2023 al 9,6 % en 2024, revirtiendo avances logrados en años anteriores. Entre las causas de este fenómeno se encuentran la pobreza extrema, el encarcelamiento de padres y madres bajo el actual régimen de excepción y el cierre progresivo de centros escolares.
Hasta marzo de 2025, se reporta el cierre de 72 escuelas, mientras que autoridades han mencionado la meta de clausurar hasta 1.000, bajo el argumento de unificación y optimización de recursos.
El magisterio insiste en que la crisis educativa no se resolverá con medidas improvisadas ni con discursos publicitarios, sino con inversión sostenida, participación de los actores educativos y una política pública que coloque a la educación como un derecho y no como un gasto prescindible. Advierte que cerrar escuelas en zonas rurales y urbanas empobrecidas profundiza la exclusión y obliga a muchos niños a abandonar definitivamente el sistema educativo.
Interinatos pasarán a Ley de Salarios
Para el inicio de este año, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a las disposiciones transitorias que permitirá que los docentes interinos nombrados desde la vigencia del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2026 sean incorporados a plazas bajo la Ley de Salarios a partir del 1 de enero de 2027. Esta disposición fue avalada durante la primera sesión plenaria de 2026.
Ante esta decisión, Zuniga advierte que el Ministerio de Educación ha cambiado el proceso de asignación de plazas docentes interinas. Anteriormente, el Tribunal Calificador de la Carrera Docente tenía la atribución de asignar estas plazas, mientras que en los centros educativos los nombramientos se realizaban a través de los Consejos Directivos Escolares (CDE) en zonas urbanas y las Asociaciones Comunales (AC) en áreas rurales. Sin embargo, dichas facultades fueron retiradas tanto al tribunal como a los organismos escolares.
Actualmente, las plazas interinas son asignadas mediante una plataforma administrada desde el nivel central del Ministerio de Educación. Los interinatos, que inician el 12 de enero y concluyen el 31 de diciembre de 2026, pasarán automáticamente a ser plazas fijas bajo la Ley de Salarios a partir de enero de 2027.
De acuerdo con la Ley de la Carrera Docente, el Consejo Directivo Escolar es el encargado de proponer el nombramiento de educadores de forma interina para cubrir plazas disponibles por cualquier causa, y estos nombramientos no pueden exceder un año. Asimismo, la normativa establece que los docentes interinos que aspiren a una plaza en propiedad deben someterse al procedimiento de selección estipulado en la ley.
En este contexto, el anuncio del inicio del año escolar se produce en medio de cuestionamientos persistentes sobre la capacidad del sistema educativo para garantizar aprendizajes de calidad, condiciones dignas para estudiantes y docentes, y políticas públicas que respondan a los rezagos evidenciados en evaluaciones nacionales e internacionales. Más allá del calendario oficial, el desafío sigue siendo transformar el discurso en acciones concretas que atiendan las brechas estructurales del sistema educativo salvadoreño.
