Representantes del movimiento social afirman que las 40 personas permanecen privadas de libertad por su labor como defensoras de derechos humanos que han denunciado injusticias y abusos de poder. Los y las presas políticas no han tenido comunicación con el exterior, se desconoce su situación de salud y les han negado medidas sustitutivas.
Por: Redacción
Organizaciones del movimiento social y popular presentaron un registro de 40 personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas, activistas sociales y analistas capturadas arbitrariamente.
Las acusaciones son diversas y variadas, pero la motivación real de su captura es la misma: la criminalización y persecución en contra de las personas que denuncian injusticias y abusos de poder, que promueven la transparencia, la lucha comunitaria y la defensa del medioambiente, afirmaron las organizaciones.
“Estamos planteando a la sociedad salvadoreña cómo se mantiene la persecución política, la militarización, el régimen de excepción que viola los derechos humanos, es decir la consolidación de la dictadura”, expresó Lourdes Palacios de Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPES).
Añade que el listado es preliminar y que puede considerarse 85 personas como presas políticas que están en cárceles y en procesos de medidas sustitutivas. Palacios indica que se instrumentaliza el sistema judicial para alargar los procesos, acusar a los defensores con delitos fabricados y aplicar penas máximas.
Las organizaciones exigieron el cumplimiento de las Reglas de Nelson Mandela que garantizan el respeto de los derechos humanos a las personas privadas de libertad. Las y los presos políticos no han tenido comunicación con el exterior, no hay pruebas de vida, de su condición de salud, no tienen acceso a visitas familiares ni a una alimentación saludable.
El registro contabiliza las capturas desde abril de 2022, un mes después del inicio del Régimen de Excepción, hasta noviembre de 2025. Algunos casos se encuentran en prisión preventiva y otros en detención provisional. Solo hay una condena de 3 años por usurpación a Elmer Funez, líder comunitario de la Isla Tasajera. La pena permitía trabajo comunitario, pero fue encarcelado, indican en el documento.
Entre las personas que han sido capturadas están: Ruth López y Enrique Anaya, para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares, acceso a sus abogados, a sus familiares y medidas sustitutivas. El Estado ha incumplido con esta orden.
También se encuentran en ese listado Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, para quienes fue rechazada su petición de medidas sustitutivas, como ocurrió con los integrantes de Alianza Nacional El Salvador en Paz, que se encuentran en estado grave de salud. Solo han declarado estas medidas para Atilio Montalvo.
Denuncian que las acusaciones de “actos terroristas” en contra de los veteranos y excombatientes del FMLN y la Fuerza Armada siguen un proceso penal, pese a que hay pruebas que afirman su inocencia. En este caso, también fue capturado Luis Alberto Menjívar, estudiante de sociología y comunicador comunitario que manejaba las redes sociales de la organización.
Las organizaciones expresaron su preocupación ante la desaparición forzada bajo custodia estatal de Geovanni López, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador, capturado en mayo de 2022 después de participar en una marcha.
Asimismo, señalaron las capturas de líderes de La Floresta, que estaban en la defensa de tierras comunales, entre ellos: Fidel Zavala, quien denunció la tortura dentro de las cárceles.
Piden fin de la militarización y Régimen de Excepción
“Exigimos que los militares vuelvan a los cuarteles”, dijeron las organizaciones y afirmaron que el asesinato de Jessica Solís por un elemento de la Fuerza Armanda en el Centro Histórico es producto de la militarización en espacios públicos y el desplazamiento de la Policía Nacional Civil de su función de seguridad pública.
Pidieron una investigación exhaustiva, transparente y pública en el caso de Jessica Solís y que Nayib Bukele, como presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada, dé las explicaciones correspondientes.
Asimismo, señalaron que el Régimen de Excepción ya no es una política de seguridad pública y que se ha utilizado para la persecución de personas defensoras de derechos humanos y mantener a la población atemorizada e inmovilizada ante el agravamiento de problemas económicos.