En los últimos tres días, tres mujeres han sido asesinadas en El Salvador. Las víctimas son Deysi Rosemary, de 19 años; Ana Yamileth Cabrera, de 27; y Leticia Rodríguez, también de 19. Al menos en dos de los casos se trataría de feminicidios.
Por Redacción
Mientras las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) anunciaban el miércoles 15 de octubre, que el país había cerrado el día con “cero homicidios”, en redes sociales la ciudadanía denunciaba el asesinato de Deysi Rosemary, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
Hasta el momento, la PNC no ha brindado información pública sobre este caso.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, Deysi era madre y deja a un niño en la orfandad. Varias personas presumen que se trató de un feminicidio, mal nombrado como “crimen pasional”, figura que no existe en la legislación salvadoreña.
Desde la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en 2012, se estableció la categoría de feminicidio para nombrar los asesinatos de mujeres por su condición de mujer.
La LEIV define la violencia feminicida como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Detalla que esta violencia está conformada por un conjunto de conductas misóginas que generan impunidad social o estatal, pudiendo culminar en feminicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.
El segundo caso ocurrió en Talnique, La Libertad Oeste. Según información oficial, la víctima fue Ana Yamileth Cabrera, una mujer de 27 años asesinada por su pareja, en un hecho que claramente corresponde a un feminicidio, aunque la PNC se niegue a nombrarlo como tal.
El crimen ocurrió el 12 de octubre, el agresor la estranguló y ocultó el cuerpo en una fosa, que fue encontrado el 15 de octubre. El feminicida, identificado como Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años, fue capturado en Pasaquina, La Unión, mientras intentaba huir hacia Nicaragua con sus dos hijos, sin portar la documentación correspondiente.
Según la PNC, el agresor tiene antecedentes criminales desde 2005 por homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de armas de guerra. En su publicación oficial, la PNC informó que el detenido “será remitido por homicidio”.
La negativa de la PNC a reconocer los feminicidios
Aunque la LEIV sigue vigente, la negativa de las autoridades a aplicar la categoría de feminicidio evidencia una política de negación institucional de la violencia contra las mujeres.
La LEIV establece en su artículo 44 que los feminicidios son delitos de acción pública. Esto significa que deben ser investigados de oficio por el Estado, sin necesidad de una denuncia previa, y que cualquier persona puede reportarlos o denunciarlos. La Fiscalía está obligada a actuar en cuanto tenga conocimiento del hecho, ya que estos crímenes constituyen una violación grave a los derechos humanos de las mujeres.
Según los artículos 45 y 46 de la LEIV, el feminicidio ocurre cuando un hombre causa la muerte de una mujer por motivos de odio o menosprecio hacia su condición de mujer, y se sanciona con penas de 20 a 35 años de prisión.
Sin embargo, cuando el crimen es cometido por la pareja, la expareja o alguien que se aprovecha de una relación de poder, confianza o autoridad, se considera feminicidio agravado, con penas que van de 30 a 50 años de cárcel.
Esta agravante reconoce la especial violencia y traición que se ejerce desde los vínculos más cercanos, donde la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad o confianza frente a su agresor.
Desde la implementación del régimen de excepción, esta tendencia se ha acentuado, invisibilizando los crímenes de odio y debilitando la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida.
Homicidio en Cabañas
En Cabañas, otra mujer fue asesinada, se trata de Leticia Rodríguez de 18 años, a quién, según información de la PNC, su prima le habría inyectado veneno, y tras días de hospitalización, falleció el 14 de octubre.
