Por segunda ocasión, los líderes de Santa Marta son absueltos de los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas, esta vez, por el Tribunal de Sentencia de San Vicente. Comunidad de Santa Marta, familiares y equipo de defensa celebran esta decisión, después de más de dos años de lucha por la defensa de los líderes.
Por: Redacción
Por segunda ocasión, los líderes de Santa Marta son absueltos de los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas, esta vez, por el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que también ordenó levantar todas las órdenes de captura para todos los acusados en el caso.
Los jueces emitieron un fallo mixto, es decir, por mayoría, ya que uno de los jueces no estuvo de acuerdo con la absolución de algunos de los delitos. El resto argumentó que esta sentencia se tomó debido a diferentes inconsistencias en la declaración del testigo criteriado y de familiares de la víctima, quien fue presuntamente privada de libertad y asesinada en 1989, en el contexto del conflicto armado.
“A juicio de la mayoría tribunal, hay circunstancias del testigo (criteriado) que no pueden ser corroboradas, esto tiene que ver con la fecha de muerte de la víctima, ya que hay una fecha de defunción del 22 de agosto del 89”, expresó uno de los jueces. La contradicción radica en la declaración del testigo criteriado, quien expresó que la víctima fue asesinada en septiembre, días después de la fecha que aparece en la certificación de partida de nacimiento presentada por la familia.
Estas y otras inconsistencias, como las pruebas de que los líderes se encontraban en los campamentos de Guazapa y Chalatenango, y no en Santa Marta como alega la fiscalía, ya habían sido señaladas por los abogados y abogadas de la defensa durante las audiencias realizadas en este proceso.
Cuatro de los imputados fueron absueltos del delito de asesinato por unanimidad de los jueces. En el caso de Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Asencio, fueron absueltos de forma penal por mayoría, con una condena de responsabilidad civil donde la familia de la víctima deberá decidir el monto de la indemnización por daños y perjuicios.
Asimismo, los jueces ordenaron medidas restaurativas para la familia ofendida, así como la devolución de los objetos incautados a todas las personas.
También hubo unanimidad en la absolución penal y civil del delito de asociaciones ilícitas, pues afirmaron que haber pertenecido a los frentes guerrilleros del FMLN o a cualquiera de sus organizaciones, como la Resistencia Nacional, no puede ser considerado como un delito de asociación ilícita.
El juez explicó que las asociaciones ilícitas son las que se reúnen al margen de la ley para cometer delitos. Para este tribunal, la Resistencia Nacional y las organizaciones que conformaron el FMLN fueron grupos reconocidos que se oponían a ciertas políticas estructurales del sistema político de El Salvador y no fueron conformados específicamente para cometer delitos.
“De ser así, tendría que perseguirse a todos aquellos integrantes de estos grupos, no podemos abrir esa llave para que esto suceda”, expresó.
“Hoy ha triunfado la justicia”
El equipo de defensa expresó satisfacción total con la resolución que absolvió a los cinco líderes comunitarios de todas las acusaciones.
“El fallo demuestra que siempre tuvimos razón: las pruebas eran insuficientes e irrelevantes. Hoy ha triunfado la justicia y la legalidad. Los procesados son inocentes y quedan absueltos de todos los delitos”, declaró Pedro Cruz, abogado defensor.
“Es un resultado justo y satisfactorio sobre todo para los procesados y las familias”, añadió.
Alfredo Leiva, representante de la Santa Marta, señaló que la comunidad celebra la decisión del tribunal, la cual han esperado por más de dos años e hizo el llamado a la Fiscalía a que respete esta decisión.
La familia y la comunidad esperó fuera del centro judicial para conocer el veredicto del tribunal. Vanessa Laínez, hija de Alejandro Laínez, agregó que como familiar, el proceso no fue fácil “venimos luchando desde el año 2023 y no ha sido fácil como familia pasar este proceso […] no saber dónde están, cómo están. Me emociona mucho que la respuesta haya sido favorable para nosotros”.
Los líderes comunitarios decidieron no asistir a la repetición de la audiencia de Vista Pública, ya que habían sido juzgados y sobreseídos de los delitos, aseguraron que el sistema judicial no ofrecía garantías de un debido proceso, de su seguridad e integridad.
Un caso en la mira de la comunidad internacional
La delegación de observadores internacionales que dio seguimiento al proceso judicial de los líderes comunitarios, el 18 de octubre de 2024, y la repetición de la audiencia realizada el 29, 30 y 31 julio de 2025, señaló previo a la sentencia que fue preocupante el reinicio del caso después de tener una resolución que les absolvió de los delitos.
“No es nuestra intención influir de alguna forma, pero debemos decir que nosotros vimos que la fiscalía no pudo comprobar que los líderes eran culpables y que tal vez hubieron motivos políticos. Esperamos que el tribunal absuelva otra vez a los compañeros”, dijo Karen McLean, abogada internacional de derechos humanos de Estados Unidos, un día antes de la lectura del fallo.
La delegación internacional fue enviada por una coalición de organizaciones de Estados Unidos, Canadá y Australia que han dado seguimiento al caso desde 2023 y un día antes realizaron una sesión informativa virtual para compartir sus experiencias del proceso judicial.
La delegación internacional señaló que las pruebas presentadas por la fiscalía no eran suficientes para comprobar la culpabilidad de los líderes, que algunas evidencias eran contradictorias y el peritaje de la psicóloga fue cuestionable.
“Es evidente que la hija de la víctima tendría ese trauma, pero no tiene nada que ver con el hecho de que los acusados hayan cometido el crimen”, dijo McLean.
Los observadores señalaron que el proceso judicial en contra de los líderes comunitarios fue estratégico para silenciar las voces fuertes que se opusieron a la reactivación de la minería en El Salvador.
Una representante de la comunidad de Santa Marta señaló que, ante la falta de garantías de derechos humanos, no hay certeza de que vuelvan a capturar a los líderes por un nuevo caso en su contra.
“Nuestros compañeros pueden quedar en libertad y regresar a sus casas, pero este gobierno no garantiza que al día siguiente se les ponga otro caso y sean llevados otra vez” señaló.