La Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador han decidido no participar en las elecciones de la Junta Directiva del Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE), pues considera que no existe un entorno apropiado en las planillas inscritas.
Por. Eugenia Olán
Durante el conflicto armado de El Salvador, la presencia de mujeres en la guerrilla representó el 30% de la población. Lo que marcó una clara división del trabajo; los hombres estaban principalmente en estructuras militares y las mujeres en tareas de apoyo: cocineras, radistas, médicas, sanitarias, en finanzas y trabajo político de expansión.
Pese a ser minoría, las mujeres destacadas que asumieron mandos militares tuvieron que demostrar constantemente su capacidad para desempeñar estas tareas, enfrentando a largo plazo un alto costo físico y emocional. Esto se debió a que las bases estructurales estuvieron cargadas de estereotipos de género.
Según las representantes de Las Veteranas, en las actuaciones del INABVE no existe una participación real y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su cotidianidad como ex combatientes.
La democracia de género debe convertirse en prioridad, todavía se encuentra pendiente el diseño y la implementación de políticas y programas de reparación socio económica y de reconstrucción para las veteranas, específicamente en tema de salud y educación. Demandamos una pensión digna, según la ley se debe definir el periodo de incremento de la pensión, han pasado cuatro años y esta se mantiene en $100”,
Las veteranas de guerra expresaron su inconformidad ante las cinco planillas inscritas para representar a su sector, destacando que solo una de ellas incluye mujeres, y estas figuran únicamente como suplentes. Esta situación, señalaron, refleja la falta de equidad y reconocimiento hacia las mujeres que participaron activamente en el conflicto armado.
A pesar de ello, convocaron a un intercambio a los integrantes de las planillas inscritas por las asociaciones mixtas de veteranos, con el objetivo de darles a conocer sus demandas como sector de mujeres organizadas. Sin embargo, el intercambio no se llevó a cabo, pues las diferentes planillas adujeron diversas razones y se negaron a participar.
Una deuda con las veteranas de guerra
Desde su creación en 2015, la Ley de Beneficio y Prestaciones Sociales para Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ha sido objeto de múltiples reformas con el objetivo de ajustar las prestaciones destinadas a quienes participaron en el conflicto armado. Estas modificaciones abordan aspectos como el acceso a pensiones, programas de vivienda y oportunidades de reinserción laboral.
Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos significativos como retrasos en los pagos, dificultades en la cobertura de los servicios y la falta de atención a temas específicos como la salud de las mujeres veteranas, lo que ha generado demandas por una gestión más inclusiva y transparente.
Esta ley designa al INABVE como el encargado de administrar y coordinar los programas de beneficio, prestaciones económicas y sociales. Dicho instituto fue creado en junio de 2021. Su misión incluye coordinar y ejecutar programas de apoyo que promuevan el bienestar social, económico y psicológico de este sector, asegurando acceso a beneficios como pensiones, atención médica, educación y oportunidades de desarrollo productivo.
Sin embargo, las organizaciones de veteranas han señalado la falta de enfoque de género en las políticas y programas implementados, lo que limita el impacto positivo de estas acciones en las mujeres que también participaron activamente en el conflicto.
Inicialmente, el INABVE operaba bajo la dirección del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Sin embargo, en 2022 la Asamblea Legislativa aprobó reformas que afectaron su estructura y funcionamiento, incluyendo la disolución de las funciones del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD).
Este cambio implicó la ampliación de sus responsabilidades, sino también el traslado de su sede operativa al edificio ex-SALUD, ubicado en San Salvador, para centralizar sus actividades administrativa.
Dentro de las reformas también se incluye la modificación al artículo 6, que regula la atención y los servicios de salud para las personas excombatientes. Aunque estas reformas, según diputados oficialistas, buscaban mejorar el acceso a la atención médica, no incorporan un enfoque diferenciado que atendiera las necesidades específicas de las mujeres veteranas.
Según las veteranas, la atención especializada en salud es especialmente necesaria debido a que muchas de ellas se encuentran en una etapa de vida donde las condiciones de salud asociadas al envejecimiento requieren cuidados específicos. El riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer de mama o de cuello uterino aumenta con la edad, lo que hace indispensable el acceso a mamografías y controles ginecológicos regulares. Además, atender problemas como la osteoporosis, la salud cardiovascular y las alteraciones hormonales propias de la menopausia.
“Demandamos atención integral en salud para las veteranas en todas las unidades de salud y hospitales del país, necesitamos atención ginecológica, ultrasonografía, mamografía. Sin estos servicios las mujeres enfrentamos mayores barreras para una calidad de vida digna”, mencionaron.
Asimismo, exigen una atención especializada en los centros de salud en los casos y experiencias de violencia sexual y violencia por vejez, para que se brinden protocolos especializados. Además, una atención en salud mental con enfoque de género.
Las veteranas hacen un recordatorio al INABVE, específicamente a cumplir la ley para la creación de programas de alfabetización para mujeres veteranas, programas de oficios ocupacionales que les permita generar oportunidades de inclusión social y laboral.
