Representantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADES) denunciaron la falta de apoyo estatal, el sufrimiento y las amenazas que enfrentan en su lucha por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Las organizaciones exigen la creación de una Mesa Interinstitucional para abordar la problemática.
Por Fátima Cruz
Sandra Chapoy, del Bloque de Búsqueda, y Carmen Argueta, representante de COFADES, hicieron un llamado urgente al gobierno para que coloque el tema de la desaparición de personas en su agenda política, asignando los recursos necesarios para que las instituciones responsables puedan ejercer plenamente sus funciones.
«Para los daños causados por este crimen, las personas buscadoras, que en su mayoría somos mujeres, vivimos con constante dolor, zozobra e incertidumbre. «Padecemos consecuencias económicas, físicas y psicológicas, enfrentando constantemente amenazas, extorsiones, desplazamientos y migraciones, sin contar con programas de apoyo integral ni políticas públicas que alivien esta situación”, dijo.
A pesar de la falta de apoyo estatal, las familias y organizaciones han desarrollado sus propias estrategias de búsqueda. «El Estado se ha mantenido indolente ante nuestra situación, negando la problemática y sin registros o información pública», agregó Chapoy. «Las instituciones como la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal no cuentan con los recursos necesarios ni económicos, ni humanos, para desarrollar investigaciones eficaces».
Enfatizaron en la violencia y las amenazas que sufren las familias durante su búsqueda. «Recibimos extorsiones porque cuando un caso se hace público, siempre hay gente inescrupulosa que quiere sacar provecho del dolor de otras familias», compartió Carmen Armero. «Hay familias que han tenido que abandonar sus hogares y, en algunos casos, hasta el país por el peligro que corren», agregó.
Las organizaciones, que surgieron de la necesidad de apoyo mutuo, han brindado acompañamiento a muchas familias. «Fuimos tres madres las fundadoras de COFADES y ahora somos 13. Aunque no queremos que más familias pasen por este dolor, seguimos apoyando a quienes lo necesitan», afirmó Argueta.
Margarita busca a su hijo, Carlos Adolfo Ramírez Pérez, que desapareció el 10 de mayo de 2017. Cree que estos espacios son cruciales para dar visibilidad a la búsqueda y fortalecer redes de apoyo, ya que a través del Bloque de Búsqueda han recibido atención psicológica y acompañamiento en Medicina Legal.
Explicó que, en cuanto a su salud, este proceso ha sido devastador. «He pasado un año completo buscando a mi hijo en Medicina Legal, lo que me llevó a entrar en crisis. Actualmente, estoy bajo tratamiento en el hospital. Estas crisis de nervios son terribles, esto se da porque uno comienza a buscar a su familiar y no hay respuesta. Uno no sabe ni por dónde comenzar, ni por dónde terminar. No se sabe nada: si está muerto o aún está vivo. ¿A dónde está? Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Este 10 de mayo cumplí siete años de búsqueda, pero no pierdo la fe de encontrar a mi hijo.», agregó.
Durante el espacio, se realizó una conmemoración a sus seres queridos y renovaron su compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia. «En el evento de hoy se conmemoró el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Se organizó un altar para visibilizar los rostros de nuestros hijos e hijas desaparecidas. Las familias trajeron fotografías, artículos, camisetas y pulseras que pertenecían a sus seres queridos”, explicó Marielos Pérez, de Alerta Raquel.
Marielos expresó que dicha actividad buscó mantener la memoria viva de las personas desaparecidas. “Durante la actividad, dos compañeras artistas cantaron la canción ‘Raquel’, que se escribió en conjunto con Alerta Raquel para visibilizar el caso de Raquel Salazar. Este evento tuvo como objetivo mantener presentes a nuestros desaparecidos y reafirmar nuestro compromiso de seguir buscándolos hasta encontrarles», dijo.
Familiares exigieron al Estado que coloque el tema de la desaparición de personas en su agenda política, se asignen los recursos necesarios para que las instituciones responsables ejerzan plenamente sus atribuciones y atiendan las demandas de las víctimas, haciéndoles participar de los procesos que siguen vigentes en el Protocolo de Acción Urgente, PAU. Además, solicitaron que se instale una mesa interinstitucional de alto nivel para que, en comunicación y coordinación con familiares y organizaciones de Derechos Humanos, se construya una agenda común de abordaje y propuestas ante esta problemática.
