Los casos de feminicidios en relaciones de confianza han ido en aumento, entre 2022 y 2023. Además, de los 11,093 procesos emitidos por violencia intrafamiliar, solo una docena lograron una condena. Fortalecer a las instituciones públicas y generar incidencia desde los liderazgos de comunidades, son parte de los objetivos de este proyecto.
Por. Eugenia Olán
Durante 2023, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), registró 46 casos de feminicidios, entre ellas se contabilizan cuatro niñas menores de 10 años.
De acuerdo con el monitoreo, 21 de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, 23 por otros agresores y 2 de las muertes fueron catalogadas preliminarmente como suicidios feminicidas. En el 35% de los casos se utilizó un arma de fuego, en los demás, los agresores utilizaron sus propias manos, lo que implica la proximidad hacia ellas que los llevó a una violencia feminicida.
Silvia Juaréz, Coordinadora del Programa Hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ORMUSA, explicó que la variación en las muertes violentas de mujeres se da en casos de feminicidios y feminicidios en las relaciones de confianza. Para el 2019, los casos de feminicidio en relación de confianza fueron al menos 17. Sin embargo, entre 2022 y 2023, estas muertes violentas han aumentado.
“Estos datos hablan de la capacidad judicial, judicatura que tienen una alta carga y una alta demanda de protección de las mujeres, el Estado salvadoreño debe hacer una revisión constante de las medidas de protección que otorga a las víctimas cuando hacen una denuncia, porque muchas veces se otorga una medida de protección, pero no se expulsa al agresor de la vivienda”, mencionó.
El principal objetivo de una medida de protección establecido en el convenio Belém Do Pará en 1996, es conminar al agresor, es decir, que se abstenga de cualquier conducta que pudiere atentar contra la víctima y su familia. Estas medidas jurídicas deben ser dictadas u ordenadas por autoridades estatales.
En este contexto, ORMUSA realizó el lanzamiento del proyecto Mujeres organizadas incidiendo por el derecho a una vida libre de violencia basada en género, que busca contribuir a la reducción del impacto de violencia territorial contra las mujeres y niñas. También, fortalecer las capacidades de los Tribunales de Obligación para la atención de la violencia de género con enfoque interseccional.
La Paz es uno de los departamentos de intervención del proyecto y se encuentra entre los tres con más alto porcentaje de violencia feminicida, con un 52% casos a nivel nacional. Por esa razón, el proyecto se implementará en siete municipios; Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco, San Luis Talpa, Olocuilta, El Rosario y San Antonio Masahuat, para fortalecer las capacidades de Titulares de Obligación para la atención de la violencia de género en el departamento.
Para 2022-2023, se emitieron 11,093 procesos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de estos casos la Fiscalía General de la República retomó 876, es decir, solo el 8% fueron retomados y de ellos solo doce tuvieron condena. Por ello, el proyecto busca fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para un sistema de protección efectivo en la atención de manera diferenciada e integral de esta problemática, para construir capacidades en personas operarias de justicia y del funcionario responsable para la atención a las víctimas.
Este proyecto tendrá una vinculación para su ejecución con lideresas comunitarias de La Paz, organizaciones de mujeres y feministas, funcionarios públicos, medios de comunicación, sociedad civil interesada en la problemática de la violencia de género y la academia.