La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en audiencia pública examinó la situación de las desapariciones forzadas ocurridas en El Salvador, a solicitud de ocho organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por: Eugenia Olán
Representantes de las organizaciones de sociedad civil expusieron que el modelo militarizado de lucha contra el crimen organizado y la aplicación del régimen de excepción, que ha sido prorrogado por 18 meses, ha perpetuado los ciclos de violencia por parte de las autoridades de seguridad en el país.
Durante este período de excepción, las organizaciones han recibido 327 denuncias de desapariciones forzadas. Además, se han registrado detenciones arbitrarias, casos de tortura, malos tratos y desapariciones de corta duración, dando un consolidado de 5,775 denuncias de personas que han enfrentado estás vulneraciones a sus derechos.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, mencionó que bajo el régimen de excepción se han vulnerado en un 85% a hombres y en un 15% a mujeres. La mayoría, el 61%, entre los 18 y 35 años. Estas desapariciones forzadas fueron precedidas de detenciones arbitrarias realizadas por policías o militares, quienes, además, niegan información sobre estos hechos.
El paradero de las personas que han sido detenidas arbitrariamente suele prolongarse por meses, hemos verificado casos en los que transcurrieron hasta ocho meses sin que las autoridades dieran certeza del centro penal donde se encontraba la persona detenidas bajo el régimen de excepción se encuentran en condición de desaparecidas"
Asimismo, se ha reportado la muerte de 193 personas bajo la custodia estatal, de estas, 8 son mujeres. Para el caso de búsqueda de mujeres desaparecidas, las organizaciones solicitan al Estado tomar en cuenta una perspectiva de género.
Por su parte, Andrés Guzmán, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, mencionó en su intervención ante la CIDH el proceso que aplican a las personas privadas de libertad en el marco del régimen. Según el orden descrito por el comisionado, el proceso es el siguiente: 1) reciben la denuncia por parte de la Policía Nacional Civil, 2) se les nombra un abogado y 3) se les realiza la entrevista para construir la estrategia de defensa para luego continuar con la preparación del caso con los familiares o personas autorizadas que facilitan los arraigos, familiares, laborales y sociales así como las pruebas.
Sin embargo, el Informe de un año de régimen de excepción de CRISTOSAL destaca que fueron 5,198 habeas corpus presentados entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio del 2023, ninguno se había resuelto de manera favorable .
El Comisionado Presidencial, mencionó que “las organizaciones que hablan sobre este tipo de desapariciones buscan atacar los planes de seguridad del Gobierno, pues según el Comisionado son efectivos y aprovechan que el país está en un periodo político electoral”.
Luego de escuchar, la participación tanto de sociedad civil como de los representantes del Estado, la Comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, recordó al Estado salvadoreño que no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de familiares, esto ante la mención de los representantes de Gobierno que no reconocían las cifras o la información que la sociedad civil había presentado, “El hecho que un Estado no reconozca cifras, el número de víctimas, no significa que no existan, solo significa que el Estado no las reconoce”.
Desde 2018, el Estado ha creado herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas, como la Unidad Especializada dentro de la Fiscalía, el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y la Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin embargo, esto no ha marcado ninguna diferencia en la prevención, atención y solución integral de los casos.
Hasta el momento, la principal política de seguridad del gobierno salvadoreño es el control territorial, el cual no es conocido, ya que se mantiene en reserva.
Posterior a la audiencia
Familiares de víctimas de personas desaparecidas junto a las organizaciones de sociedad civil realizaron una conferencia de prensa posterior a la audiencia pública, en la cual mencionaron que el Estado no garantiza la búsqueda inmediata y la atención a las familias.
Existen testimonios que indican que tanto la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no brinda la atención o hace esperar ciertas horas antes de tomar una denuncia. Además, mencionaron que en muchos casos, existe revictimización y discriminacion por parte de los servidores públicos.
Debido a la falta de diligencia de las diversas instituciones, las labores de búsquedas siempre recaen en la familia, sobre todo en la madre que a través de sus propios medios van y buscan a los familiares que están desaparecidos ante la indiferencia y el maltrato de cada una de las autoridades encargadas.
Eneida Abarca, del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mencionó que como familias las autoridades no les permiten una participación activa en los procesos de investigación y que pocas veces son escuchadas y atendidas con empatía.
Yo como madre de Carlos, desaparecido el 01 de enero de 2022, sigo buscando y haciendo incidencia en cada uno de los territorios, porque no me voy a cansar hasta encontrarle”
Las organizaciones solicitan a la CIDH que exhorte al Estado salvadoreño a reconocer públicamente la existencia de las desapariciones como un problema que conlleva responsabilidad estatal y a evitar la estigmatización de las familias y comunidades que buscan.
Además, reiteran el compromiso con las víctimas de desaparición y con sus familiares que buscan acompañar sus esfuerzos por encontrar a las personas desaparecidas en El Salvador y promover el acceso a la justicia, para obtener verdad y reparación integral.