Datos recientes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA revelan datos alarmantes respecto a los feminicidios en El Salvador. Al menos uno por semana en el transcurso del año. Representantes de esta organización cuestionan que las políticas de seguridad implementadas por el gobierno sigan sin dirigir la mirada hacia la violencia de género.
Por: Krissia Girón
38 feminicidios entre el 1 de enero al 17 de octubre de 2023, es decir, alrededor de 4 feminicidios al mes, al menos uno por semana en lo que va del año. Este es el dato que reveló recientemente el Observatorio de Violencia de género contra las Mujeres, de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), a través de un comunicado. En este, detalla que 18 de estos feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, una cifra que supera el dato del 2022, que registró 13 feminicidios cometidos en estas circunstancias.
Tres departamentos suman el 50% del total de feminicidios, según los datos del Observatorio, estos son San Salvador (9), Ahuachapán (5) y La Paz (5). San Miguel es el único departamento que no reporta casos a la fecha.
De los 38 feminicidios, tres corresponden a niñas menores de 10 años, 17 se sitúan entre 20 y 59 años y tres son adultas mayores entre 66 y 80 años, mientras que al 32% no se identificó la edad. En cuanto a las formas de asesinato, el 31.6% se cometió con arma de fuego, 29% con arma blanca, corvo y cuchillo; seis mujeres murieron a causa de golpes, una fue apuñalada, 2 suicidios por ahorcamiento, una fue encontrada con signos de violencia no especificada y de 5 no se obtuvo información.
En su comunicado, el Observatorio aclaró que los datos corresponden al monitoreo de medios de comunicación que se realiza diariamente para recabar información, ya que las cifras oficiales de feminicidios continúan en reserva por parte de las autoridades. De los 38 feminicidios registrados, 18 de estos crímenes se adjudican a otros agresores y dos fueron catalogados como suicidio feminicida, un delito tipificado en el artículo 48 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, penado con 5 a 7 años de cárcel.
Los datos revelan que 19 cuerpos fueron encontrados en el interior de la casa; el resto de cadáveres fueron encontrados en distintos lugares como: ríos, calles, quebrada, terreno y/o predio baldío, y en siete lugares no se informó la ubicación exacta. Del total, al menos dos mujeres y una niña de 7 años habían sido reportadas como desaparecidas y posteriormente, fueron encontradas asesinadas.
Para ORMUSA, es urgente aplicar medidas de protección de forma efectiva a las mujeres que denuncian violencia; brindar seguimiento desde la red hospitalaria para identificar potenciales víctimas de violencia; emprender campañas para promover la denuncia y fortalecer los servicios especializados en las instituciones del Estado con responsabilidad en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Silvia Juarez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, asegura que estos datos muestran una contranarrativa a la oficial, que afirma que existe un país seguro “cuando no todas las mujeres están seguras”.
Juárez indica que se contabilizan alrededor de 8 000 procesos de violencia intrafamiliar anuales, que mujeres gestionan en los tribunales de justicia, por lo que considera que el Estado no ha profundizado en el análisis de las inseguridades de las mujeres, es decir, sobre las situaciones que desencadenan en muertes violentas y feminicidios ejecutados por parejas o en relaciones de confianza. “Esto no está alterado significativamente, ni siquiera bajo un proceso o un plan de seguridad, ni siquiera suspendiendo las garantías constitucionales a la ciudadanía se ha logrado detener estas inseguridades”, dijo.
“Todas las acciones de intervención del Estado no toman en cuenta los principales lugares y elementos de riesgo para la vida de las mujeres de la niñez, es decir, todas las vidas precarias suelen estar como al margen de una narrativa de seguridad. También es sumamente preocupante esta idea de que el único recipiente de toda la violencia contra las mujeres eran un X grupo masculino criminal. La violencia contra las mujeres, hemos dicho por mucho tiempo, está siendo perpetrada por actores estatales, no estatales, por personas conocidas, allegadas del entorno de confianza, por los entornos de trabajo, en los entornos comunitarios, en los entornos institucionales. Si eso no se interviene desde una lógica de seguridad para más de la mitad de la población, la violencia contra las mujeres seguirá siendo perpetrada si no unos, por otros”, expresó la abogada.
La organización exigió al Estado fortalecer la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, dotando los recursos técnicos, financieros y humanos para su cumplimiento como legislación especifica, orientada a modificar las prácticas y conductas cotidianas que minimizan la violencia contra las mujeres y con ello, eliminar las prácticas que promueven o perpetúan la cultura de la violencia feminicida tan enraizada en la sociedad.