Por Gabriela Paz López
Cada enero, El Salvador conmemora la firma de los Acuerdos de Paz como un hito fundacional del tránsito de la guerra a la democracia, aunque desde hace unos años en realidad la fecha busca ser opacada por el discurso oficial que busca invisibilizar la guerra, sus víctimas y sobre todo, las responsabilidades que le quedan al Estado para cumplir con dichos Acuerdos. Para miles de mujeres sobrevivientes del conflicto armado, la paz nunca llegó. No llegó en forma de justicia, ni de reparación, ni de reconocimiento. Mucho menos llegó como garantía de no repetición, digo esto en el contexto histórico salvadoreño, donde mantenemos institucionalmente un Régimen de Excepción que sustenta la pérdida de garantías fundamentales para la ciudadanía salvadoreña y devolvió a los territorios a las fuerzas armadas a tareas de “control y seguridad”, y una narrativa de éxito que invisibiliza la violencia letal que ocurre cotidianamente contra las mujeres en el país.
La narrativa oficial de la paz —institucional, masculina y celebratoria— ha omitido de forma sistemática las experiencias de las mujeres, en particular de aquellas que sobrevivieron a la violencia sexual utilizada como práctica de guerra. Estas reflexiones las hago a partir de mi trabajo con sobrevivientes de violencia sexual, graves delitos contra la humanidad a partir de mi trabajo de investigación de maestría.
Hablar hoy de paz, en el contexto salvadoreño, exige una revisión crítica de lo que se firmó, de lo que se cumplió y, sobre todo, de lo que se dejó fuera. Los cuerpos de las mujeres fueron territorios de guerra; sin embargo, sus voces quedaron fuera del pacto político que selló el fin del conflicto armado. Esta exclusión no fue accidental: responde a una lógica patriarcal que jerarquizó ciertas violencias como “graves” y relegó otras —como la violencia sexual— a un plano secundario, privado o incluso vergonzante.
La violencia sexual: un crimen silenciado en nombre de la reconciliación
El Informe de la Comisión de la Verdad documentó más de 22,000 violaciones a los derechos humanos, pero relegó la violencia sexual a un apartado marginal, sin reconocerla plenamente como crimen de guerra o de lesa humanidad. Esta omisión tuvo efectos devastadores: consolidó la impunidad, profundizó el silencio de las sobrevivientes y legitimó una memoria incompleta y profundamente injusta con las mujeres.
Las investigaciones y testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos como Las Dignas, Centro de Promoción de los derechos humanos “Madeline Lagadec”, muestran que la violencia sexual fue utilizada de forma sistemática por fuerzas estatales y, en menor medida, por actores insurgentes, como estrategia de control territorial, castigo político y disciplinamiento social. Las mujeres —mayoritariamente jóvenes, campesinas y civiles— cargaron con las secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas de estas violencias durante décadas, sin acceso a atención integral ni a mecanismos efectivos de justicia.
La estigmatización, el miedo a la revictimización y la desconfianza en las instituciones judiciales han sido barreras estructurales persistentes. Muchas mujeres guardaron silencio durante más de treinta años, no porque olvidaran, sino porque el Estado nunca creó condiciones para que hablar fuera seguro.
Justicia transicional sin mujeres: una paz incompleta
La justicia transicional en El Salvador se implementó de manera limitada, fragmentada y sin un enfoque de género efectivo. La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 selló un pacto de impunidad que priorizó la estabilidad política sobre los derechos de las víctimas. Aunque su derogación en 2016 abrió una ventana para la judicialización de crímenes de guerra, los avances han sido mínimos, especialmente en los casos de violencia sexual.
Las mujeres sobrevivientes que han decidido denunciar enfrentan hoy un sistema judicial negligente, con fiscalías sin capacidad técnica ni voluntad política, expedientes extraviados, peritajes psicológicos inexistentes y procesos que se prolongan indefinidamente. Esta inacción estatal constituye una forma de revictimización institucional, que profundiza el daño y refuerza la sensación de abandono.
En contraste, las organizaciones de la sociedad civil —en particular aquellas conformadas y sostenidas por mujeres— han sido las principales garantes de memoria, acompañamiento psicosocial y dignificación de las sobrevivientes. Desde una perspectiva feminista, han impulsado procesos de justicia restaurativa que ponen en el centro la voz, la subjetividad y la agencia de las mujeres, demostrando que la justicia no es solo castigo, sino también reconocimiento, reparación y transformación social.
Justicia restaurativa y responsabilidades del Estado
La paz, para las mujeres, no puede reducirse a la ausencia de guerra ni a la estabilidad institucional. La paz implica condiciones materiales y simbólicas para vivir sin miedo, con dignidad y con derechos. Desde esta perspectiva, la justicia restaurativa se presenta como una vía indispensable para saldar la deuda histórica del Estado salvadoreño con las mujeres sobrevivientes del conflicto armado.
Esto implica, de manera urgente e ineludible, que el Estado salvadoreño asuma responsabilidades políticas, jurídicas y éticas que ha postergado sistemáticamente, y que no pueden seguir siendo delegadas a las sobrevivientes ni a las organizaciones de la sociedad civil:
- Nombrar el crimen y asumir responsabilidad histórica: el Estado debe reconocer de forma expresa y sin ambigüedades que la violencia sexual ejercida durante el conflicto armado constituyó un crimen de guerra y de lesa humanidad, y dejar de tratarla como un daño colateral o un hecho marginal. Este reconocimiento debe traducirse en su incorporación central en las políticas oficiales de memoria histórica, desmontando la narrativa androcéntrica de la guerra y restituyendo la dignidad política de las mujeres violentadas.
- Romper la impunidad institucionalizada: es imprescindible activar procesos de investigación y judicialización reales y diligentes, mediante fiscalías especializadas en crímenes del conflicto armado, dotadas de formación obligatoria en género, derechos humanos y enfoques psicosociales. La inacción, la negligencia y la pérdida de expedientes no son fallas técnicas: son formas contemporáneas de violencia estatal y deben ser tratadas como tales.
- Reparar de manera integral y transformadora: la reparación no puede reducirse a gestos simbólicos ni a compensaciones aisladas. Debe garantizar atención integral en salud física, mental y psicosocial, indemnizaciones económicas acordes al daño sufrido, medidas de reparación simbólica que reconozcan públicamente la verdad, y garantías efectivas de no repetición, lo que implica reformas institucionales profundas y el desmantelamiento de las estructuras patriarcales que sostuvieron y siguen sosteniendo la violencia.
- Desplazar el poder: de objetos de política a sujetas políticas: las mujeres sobrevivientes deben participar de manera protagónica y vinculante en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de memoria, justicia y reparación. No como testimonios instrumentales ni como cifras, sino como sujetas políticas con agencia, saber y autoridad, capaces de disputar el sentido mismo de la paz, la justicia y la democracia.
A más de treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz, la pregunta ya no es si El Salvador alcanzó la paz, sino por qué el Estado insiste en borrar la guerra, a sus víctimas y sus propias responsabilidades históricas. La paz no está siendo conmemorada: está siendo activamente invisibilizada, desplazada por un discurso oficial que clausura la memoria, desacredita las demandas de justicia y normaliza nuevas formas de violencia estatal.
Mientras las mujeres sobrevivientes de violencia sexual continúen esperando verdad, justicia y reparación, la paz seguirá siendo un relato excluyente, construido sobre silencios impuestos, impunidad institucional y cuerpos feminizados relegados al olvido. No se trata de una deuda simbólica, sino de una falla estructural del pacto democrático nacido tras el conflicto armado.
Nombrar la violencia sexual, escuchar a las sobrevivientes y exigir responsabilidades estatales no amenaza la paz: cuestiona una paz construida sin mujeres y a costa de su silenciamiento. No hay reconciliación posible cuando la violencia sexual es negada, minimizada o tratada como un daño colateral, ni democracia sostenible mientras la justicia de género siga siendo postergada.
Para las mujeres, la paz no es un acontecimiento del pasado ni una fecha oficial: es una tarea histórica incumplida. Y mientras esa deuda permanezca abierta, el conflicto persiste —ya no solo en los archivos o en los relatos— sino inscrito en sus cuerpos, en sus trayectorias vitales y en la violencia cotidiana que el Estado se niega a nombrar.