En El Salvador, Honduras y Guatemala, las radios comunitarias siguen siendo mucho más que un medio de comunicación: son espacios de organización, memoria, denuncia y defensa del territorio. Pero esa labor, sostenida muchas veces por voluntariado y compromiso comunitario, se desarrolla en contextos cada vez más hostiles. La criminalización, la autocensura, la precariedad económica y las presiones por abordar temas como la minería atraviesan hoy a estos medios que, a pesar de todo, continúan contando las historias que otros prefieren callar.
Por Mónica Rodriguez
En el Norte de Centroamérica —El Salvador, Honduras y Guatemala— una radio comunitaria no es simplemente una frecuencia en el dial. Es un espacio donde la comunidad se organiza, discute sus problemas, comparte información y defiende su territorio.
No son empresas mediáticas. No nacen para vender publicidad ni para competir por rating. Son medios sin fines de lucro, sostenidos por voluntariado, cooperación, pequeñas contribuciones locales y una convicción sencilla, pero poderosa: la comunidad tiene derecho a narrarse a sí misma. En muchos casos, quienes conducen programas son maestros, líderes comunitarios, jóvenes o campesinos que dedican parte de su tiempo a mantener viva la palabra colectiva.
En Centroamérica existen decenas de radios comunitarias articuladas en redes como la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y la red continental Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), que históricamente ha acompañado procesos de comunicación popular en América Latina. Pero en el Norte de Centroamérica, ese ejercicio de comunicación no es neutro. Es político. Y, en muchos casos, incómodo.
Radios que nacieron del exilio y desde los territorios en conflicto
Cabina FGER
En Guatemala, las radios comunitarias han encontrado en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) un espacio que nació el 9 de agosto de 1965 y que ha sido clave en la articulación, formación y resistencia. Integrada principalmente por radios indígenas, la FGER ha acompañado procesos de comunicación en territorios históricamente excluidos del acceso legal al espectro radioeléctrico. A pesar de esto, su labor no ha estado exenta de riesgos.
Walter Cuc, director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), explica que estas radios tienen raíces profundas en los procesos comunitarios del país. “Ellos regresan con esa idea de fundar algunas radios y empezar algo similar aquí en Guatemala… alfabetizar a las comunidades indígenas y campesinas”, recuerda.
Cuc señala que estas radios no solo comunican, sino que defienden la vida y el territorio desde la palabra, en medio de un escenario donde ejercer el derecho a la comunicación sigue siendo, para muchas comunidades, un acto que significa resistencia.
Sin embargo, la historia de la comunicación comunitaria también ha estado marcada por la violencia. “Fueron asesinados doce compañeros por hacer este tipo de comunicación”, afirma Cuc al recordar los años más duros de represión contra quienes promovían la educación y la organización comunitaria desde la radio.
Cabina de Radio Izcanal
En El Salvador, muchas radios comunitarias surgieron después del conflicto armado, impulsadas por comunidades que regresaban del exilio y buscaban reconstruir su vida colectiva.
Radio Izcanal, en Usulután, es uno de esos ejemplos. Radio Izcanal, en Usulután, El Salvador, nació en el exilio. “Izcanal nació como radio comunitaria para darle voz a los campesinos”, explica Alcides Herrera. Eran comunidades retornadas de Honduras después del conflicto armado de El Salvador en los años 80, eran personas que habían vivido desplazamiento y que entendían que la palabra también era una forma de reconstrucción.
Desde entonces, la radio acompañó alfabetización, organización territorial, denuncias de abandono estatal y problemas de salud pública.
La radio fue concebida incluso antes de que las comunidades retornaran al país. “Entre los planes que había era crear una radio comunitaria que ayudara a la gente a tener presencia política en la zona donde iban a vivir”, señala.
Desde su fundación en 1993, Izcanal se convirtió en una herramienta de organización local, abordando temas como derechos humanos, agricultura, medio ambiente, salud comunitaria y participación ciudadana.
Para Herrera, la principal fortaleza de estos medios es su cercanía con la vida cotidiana de la gente. “La ventaja que tenemos con medios comunitarios es que estamos en el territorio y podemos constatar”, dice.
Espacio de entrevista en Radio Victoria
Radio Victoria, en Cabañas, tiene una historia similar. Se consolidó como espacio comunitario en un territorio atravesado por conflictos ambientales. “La radio le pertenece a la comunidad… porque tiene esa apertura con los diferentes espacios”, explica Isabelo Cortez.
“El contexto de estas emisoras se da en medio de la posguerra, de comunidades que estuvieron en el exilio en los años ochenta”, explica Isabelo Cortez, coordinador del equipo de dirección de la emisora.
Radio Victoria nació en 1993 en la comunidad Santa Marta como parte de los procesos de reconstrucción social tras el conflicto armado.
Desde entonces, la emisora ha acompañado luchas comunitarias vinculadas a la defensa del territorio, la memoria histórica, la cultura local y la organización social.
A través de corresponsales comunitarios, grupos de radioescuchas y programas realizados directamente en las comunidades, la emisora mantiene un vínculo permanente con la población.
En Honduras, Radio Progreso —fundada en 1956 y dirigida por la Compañía de Jesús desde 1970— ha construido su identidad desde la defensa de la justicia social, los derechos humanos y el territorio. César Obando, periodista de la emisora, inició su camino en radios comunitarias, donde —recuerda— el trabajo se sostiene “a puro compromiso de la gente”, pese a la falta de financiamiento y las constantes presiones legales y económicas.
Desde esa experiencia, señala que incluso hoy, en su labor en Radio Progreso, el vínculo con los territorios sigue siendo central: “la población es la que sostiene las radios, las defiende y les da vida”, afirma, destacando que, frente al acoso institucional y la exclusión del acceso a frecuencias y pauta pública, son las comunidades las que permiten que estos medios continúen informando desde abajo.
Cabina de radio Progreso
Radio Progreso, en Honduras, se convirtió en referente regional por su cobertura crítica. En Guatemala, FGER articula radios indígenas que transmiten en idiomas mayas, sosteniendo identidad cultural y defensa territorial frente a un sistema que históricamente le ha negado acceso al espectro. En El Salvador las radios comunitarias que surgen después del conflicto armado reconstruyen junto a sus comunidades espacios de defensa del territorio.
Todas comparten algo: la radio no es solo un medio. Es comunidad organizada.
Cuando hablar de minería se vuelve peligroso
Uno de los hilos que conecta las experiencias de radios comunitarias en los tres países es la cobertura de conflictos relacionados con la minería y otros proyectos extractivos.
En Cabañas, Radio Victoria comenzó a cubrir la oposición comunitaria a la minería metálica a mediados de los años 2000. Primero llegaron ofertas “Una empresa minera intentó comprar a Radio Victoria publicidad e incluso ofrecía construirle un edificio nuevo”, recuerda Cortez.
Cuando la emisora rechazó esa propuesta, comenzaron las amenazas y ataques.
“Ahí empezó toda la persecución”, afirma. La radio sufrió atentados contra sus instalaciones y varios de sus integrantes tuvieron que abandonar el país.
Radio Progreso ha cubierto conflictos como Guapinol y el Bajo Aguán, donde comunidades denunciaron concesiones extractivas. El periodista César Obando, de esta emisora, ha vivido situaciones similares al cubrir conflictos territoriales vinculados a proyectos extractivos.
“Yo daba muchísima cobertura con relación a ese tema y producto de esa cobertura recibí amenazas… incluso atentados”, relata.
Obando recuerda que incluso recibió ofertas económicas para dejar de informar sobre el conflicto.
“Un directivo de la empresa me ofrecía 45 mil lempiras mensuales para que dejara de hablar del tema de la minería”, cuenta.
Tras rechazar la propuesta, comenzaron las intimidaciones.
El patrón no es aislado. En Guatemala, radios vinculadas a FGER han acompañado consultas comunitarias frente a proyectos mineros e hidroeléctricos.
Desde la FGER, Cuc señala que la cobertura de la minería metálica es uno de los factores que más expone a las radios comunitarias a la persecución. Explica que, en territorios donde avanzan proyectos extractivos, las emisoras que acompañan a las comunidades en la defensa del territorio enfrentan vigilancia, amenazas y acciones judiciales. “Tenemos que esconder equipos, apagar la radio o incluso advertir a los compañeros cómo salir si llega el Ministerio Público”, relata. En algunos casos, agrega, periodistas han sido seguidos por empresas mineras o forzados al exilio. Para Cuc, esta criminalización no es casual, sino parte de un intento por silenciar a quienes informan sobre el despojo y defienden los bienes naturales desde las comunidades.
“El trabajo les incomoda… ya sea al sistema de justicia o a empresas transnacionales que están deteriorando nuestros bienes naturales”, afirma.
Defender el territorio y defender la palabra se vuelven actos inseparables. Cuando la radio visibiliza el conflicto, deja de ser un medio local para convertirse en actor incómodo. Y allí comienza la criminalización.
Criminalización: no sólo se trata de cierres, a veces asfixian
La criminalización no siempre llega con policías decomisando equipos —aunque eso también ha pasado.
En El Salvador, Izcanal enfrentó intentos de cierre desde sus primeros años. “El gobierno quiso cerrar las radios comunitarias… se llevaron los equipos y cerraron varias emisoras”, recuerda Herrera.
Hoy los métodos son más sofisticados. Izcanal ha enfrentado inspecciones prolongadas, trabas administrativas y presiones fiscales. “Estaban queriendo ahogarnos financieramente”, afirma Herrera.
El informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sobre la situación de los medios comunitarios documenta que más del 90% de periodistas comunitarios reconoce temor para ejercer su trabajo en el contexto del régimen de excepción. Además, advierte que la Ley de Agentes Extranjeros y el posible impuesto del 30% a la cooperación internacional pueden paralizar proyectos comunitarios.
El informe de la APES también señala que cuatro radios comunitarias asociadas a la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) estarían en proceso de cierre. El documento que se realizó a partir de las entrevistas a 19 medios comunitarios relata el cierre de Radio Sumpul, que se ubica en el departamento de Chalatenango, al norte del país.
El investigador Carlos Amaya aseguró que después de finalizar el estudio “Micrófonos bajo el régimen de excepción” que fue presentado en febrero de este 2026, se dio el cierre de tres radios comunitarias más. «El cierre de estas otras radios se dio después cuando ya teníamos el informe, es totalmente grave», indicó.
En Honduras, los conflictos territoriales han estado acompañados de amenazas a corresponsales. En Guatemala, radios indígenas han sido criminalizadas por operar sin licencia en un sistema que históricamente les ha negado acceso legal a frecuencias.
No siempre se trata de cerrar el medio. A veces basta con volverlo inviable.
“La estrategia de persecución y criminalización se mantiene a través del sistema judicial”, explica.
Esto ha obligado a algunas radios a adoptar medidas de protección. “Tener que esconder nuestro transmisor, apagar la radio y decirles a los compañeros que escapen si llega el Ministerio Público”, relata.
Autocensura: el miedo también se transmite
La autocensura no aparece en comunicados oficiales. Se instala en decisiones cotidianas. En este contexto, muchas radios comunitarias han tenido que adaptar su forma de trabajar para proteger a sus equipos.
En Izcanal, por ejemplo, han decidido reducir la exposición pública de sus periodistas.
“Hemos optado por no hacer visible a nuestros periodistas para darles protección”, explica Herrera.
En otros casos, la gente deja de llamar al programa. Las fuentes piden anonimato. Los temas se tratan con más cautela. La crítica se vuelve más técnica, menos frontal.
Es importante mencionar que al cierre de este trabajo periodístico, la Asociación de Periodistas de El Salvador alertó que el director de radio Izcanal, Alcides Herrera había sido amenazado de muerte por usuarios de redes sociales luego de su participación en una entrevista.
Radio Victoria también ha enfrentado este dilema.
“Una de las consecuencias de lo que está pasando tiene que ver con la autocensura”, señala Cortez.
Sin embargo, afirma que las comunidades siguen buscando espacios para expresar sus preocupaciones.
“Todavía las comunidades no han perdido esa esencia de seguirse pronunciando”, dice.
El informe de APES advierte que el miedo se ha instalado como variable estructural del periodismo comunitario salvadoreño. Y ese miedo no solo afecta a quienes sostienen el micrófono, sino a quienes desean hablar.
Si la comunidad tiene miedo de hablar, ¿quién cuenta lo que ocurre en el territorio?
Puede consultar el informe en el siguiente link
Sostenibilidad: la batalla silenciosa
Las radios comunitarias no viven de grandes anunciantes. Su sostenibilidad depende de cooperación internacional, pequeñas pautas locales y mucho voluntariado. Eso las hace vulnerables.
En Honduras, Obando explica que muchas emisoras sobreviven gracias al compromiso de sus comunidades.
“La población se apropia de esas radios comunitarias y justo por eso sobreviven”, afirma.
También advierte que la dependencia de publicidad comercial puede poner en riesgo la independencia editorial.
“Si un banco le da pauta publicitaria, usted ya no puede denunciar a ese banco”, explica.
En El Salvador, Cortez señala que la reducción de la cooperación internacional ha afectado seriamente a estos medios.
“Cada vez es menos la posibilidad de que alguien apoye estos procesos”, dice.
Herrera añade que varias radios comunitarias salvadoreñas han dejado de transmitir en los últimos años por falta de recursos.
Si esta tendencia continúa, advierte, muchas emisoras podrían desaparecer.
“Estaban queriendo ahogarnos financieramente”, repite Herrera.
En El Salvador, el debate sobre la Ley de Agentes Extranjeros puso en alerta a organizaciones que dependen de fondos internacionales. En Guatemala, el acceso desigual al espectro limita las posibilidades de legalización. En Honduras, las radios de baja potencia han enfrentado obstáculos regulatorios.
La precariedad económica puede convertirse en una forma de censura indirecta.
Cuando una radio cierra por falta de recursos, no aparece en titulares internacionales. Pero el silencio que deja es profundo.
Redes que sostienen la palabra
ARPAS en El Salvador, FGER en Guatemala y ALER a nivel continental han sido plataformas de articulación y defensa del derecho a la comunicación.
Recientemente, en un conversatorio organizado por la Red Centroamericana de Periodistas, comunicadores de la región coincidieron en que el autoritarismo avanza con patrones similares: estigmatización, presión legal, asfixia económica.
La diferencia es que en las radios comunitarias el impacto es más inmediato. Porque el medio no es una empresa distante. Es el vecino, la maestra, el agricultor que también conduce un programa.
Lo que está en juego
Las radios comunitarias del Norte de Centroamérica no reclaman privilegios. Cuando cubren minería, corrupción o abandono estatal, no están haciendo oposición partidaria. Están cumpliendo una función básica: informar a su comunidad. Pero en contextos autoritarios, informar puede interpretarse como desafío.
Callar una radio no solo apaga un micrófono. Apaga un espacio colectivo donde la gente puede preguntarse qué está pasando y por qué.
Y en una región marcada por la desigualdad, la migración forzada y el extractivismo, esa conversación pública es, quizás, lo último que debería silenciarse.
Para muchos territorios rurales o comunidades indígenas, estos medios representan la única posibilidad de contar sus propias historias.
“Si nosotros nos callamos, ¿quién va a canalizar ese miedo?”, se pregunta Herrera.
Cortez coincide.
“Una sociedad como la salvadoreña y la centroamericana necesita medios comunitarios y alternativos, porque de esa manera hacemos un país más democrático, más equitativo y transformador”.
Cuc añade que la desaparición de estas radios significaría una pérdida profunda para los pueblos.
“Está en juego el derecho a la comunicación, el derecho a nuestro desarrollo y el derecho de revitalizar nuestros idiomas”, afirma.
En una región marcada por la desigualdad y los conflictos territoriales, apagar una radio comunitaria no solo silencia una frecuencia.
Silencia una comunidad.
