El Salvador cerró el 2025 con 24 feminicidios registrados por organizaciones de derechos de las mujeres. En el inicio de 2026, el monitoreo periodístico de La Brújula y de organizaciones civiles alertan sobre casos de violencia contra la mujer sin seguimiento público, desapariciones de niñas y mujeres y la falta de articulación institucional, en un contexto donde la Asamblea Legislativa acumula tres años sin aprobar leyes orientadas a garantizar la protección de mujeres y niñas.
Por. Redacción
Lo que dejó 2025 en materia de violencia feminicida muestra un panorama persistente, datos recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) entre enero y noviembre de 2025, documentaron 24 casos de feminicidios, muertes violentas de mujeres y suicidio feminicida en El Salvador. De estos, 12 fueron cometidos por la pareja o expareja, 11 se atribuyen a otros agresores y uno fue clasificado como suicidio feminicida. La organización advirtió que la violencia se mantuvo constante durante el año y que la magnitud real podría ser mayor debido a posibles subregistros en zonas con menor cobertura mediática.
Uno de los casos que marcó el cierre de 2025 fue el de Yessica Solís, de 32 años, quien murió el 6 de noviembre tras recibir un disparo frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, cuando –según declaraciones oficiales- el arma de un soldado de la Fuerza Armada se accionó y la impactó mientras caminaba por la zona. El caso generó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, ya que no se ofreció una postura institucional clara sobre lo ocurrido y la escena fue intervenida con rapidez, lo que dejó interrogantes sobre el manejo del hecho y la transparencia en la investigación.
Con ese antecedente, el inicio de 2026 también muestra señales de alerta. Un monitoreo realizado por este medio durante enero y febrero en las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) y la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) identificó 11 publicaciones sobre capturas de hombres acusados de delitos contra mujeres difundidas por la PNC. En el mismo periodo, la Fiscalía reportó nueve condenas por distintos delitos, aunque en su mayoría corresponden a casos ocurridos en años anteriores.
A partir de este seguimiento se identificaron diversos reportes sobre detenciones de hombres acusados de agresiones físicas y amenazas contra sus parejas o exparejas, estos hechos ocurrieron principalmente en los hogares, reflejando formas de violencia ejercidas dentro de los espacios de convivencia que culturalmente suelen considerarse seguros, pero donde en muchos casos el agresor forma parte del mismo entorno cercano.
Organizaciones feministas señalan que muchas de estas agresiones, al ser contextualizadas en entornos familiares, las autoridades suelen tratarlas como asuntos del ámbito privado, lo que contribuye a minimizar su gravedad y a limitar la respuesta pública frente a la violencia.
“Muchas veces se intenta reducir a un conflicto entre dos personas. Pero no es un asunto doméstico ni individual: forma parte de un patrón estructural de violencia contra las mujeres que tiene consecuencias públicas y que el Estado debe atender”, mencionaron.
Asimismo, las publicaciones recientes de la FGR se han centrado principalmente en informar sobre condenas por delitos cometidos en años anteriores. Entre los casos se encuentran violaciones sexuales contra menores, feminicidios, agresiones sexuales y procesos relacionados con la difusión de material pornográfico en plataformas digitales.
Si bien estas resoluciones judiciales reflejan avances en procesos que han llegado a sentencia, la información pública disponible ofrece pocos detalles sobre el seguimiento de los casos o sobre las capturas reportadas actualmente por la PNC, lo que limita conocer el estado de las investigaciones y las condiciones de acceso a la justicia para las víctimas.
El monitoreo revela una brecha entre la acción policial y la respuesta judicial, evidenciando rezagos en el acceso a justicia frente a la violencia contra las mujeres|| .Elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, revisado y verificado por el equipo editorial
A esto se suma la capacidad institucional para atender estos casos. Los tribunales especializados para conocer delitos de violencia contra las mujeres funcionan con siete tribunales para todo el país; tres juzgados de instrucción, tres de sentencia y una Cámara especializada, una estructura creada en 2016 con la implementación de la jurisdicción derivada de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y que no ha sido ampliada desde entonces, pese al volumen de denuncias por violencia de género.
“La cobertura territorial de estos tribunales es limitada y eso genera sobrecarga en los procesos. Muchas mujeres deben trasladarse desde otros departamentos para acceder a los tribunales especializados, y eso termina convirtiéndose en una barrera para el seguimiento de los casos”, señalan organizaciones de mujeres.
La brecha en el registro de la violencia feminicida
A esta falta de seguimiento público sobre los casos, se suma otro problema señalado por la Asamblea Feminista, la forma en que se registran las muertes violentas de mujeres en el país. Aunque la LEIV establece la tipificación del feminicidio cuando las muertes ocurren en contextos de violencia basada en género, en la práctica muchos de estos hechos terminan siendo contabilizados dentro de las estadísticas generales de homicidios.
Un caso ocurrido en febrero evidencia esta situación. El 13 de febrero, una mujer fue reportada como desaparecida en la cuenta Desaparecidos SOS en la red social X. Diez días después, el 23 de febrero, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Ricardo Romero, señalado como responsable de la muerte violenta de la mujer. Sin embargo, en la publicación institucional el hecho no fue tipificado como feminicidio.
El caso también fue incluido posteriormente en el reporte diario de homicidios difundido por las autoridades, donde fue contabilizado como homicidio, acompañado únicamente de la aclaración de que los responsables ya habían sido capturados.
En la misma línea, el Gabinete de Seguridad de El Salvador presentó su balance anual de 2025 sobre delitos de mayor impacto, en el que incluyó un apartado sobre tipos de violencia de género. En ese registro se reportan 82 casos de violencia feminicida, además de 8,038 de violencia sexual, 2,329 de violencia física, 7,062 de violencia psicológica y 1,428 de violencia patrimonial. Sin embargo, el informe no explica cómo se relacionan estos registros y cuántos de estos derivaron en feminicidios.
Asimismo, el informe registra 68 casos de personas desaparecidas, aunque no detalla cuántas fueron localizadas con vida ni cuántas búsquedas permanecen activas.
La Resistencia Feminista señalan que, pese al discurso oficial sobre la seguridad en el país, la violencia contra las mujeres continúa teniendo impactos y cuestionan la falta de visibilización institucional de los feminicidios.
“Tenemos un gobierno que, a nivel de discurso, sostiene que este es el país más seguro de este hemisferio. Pero las organizaciones también estamos documentando hechos de violencia y no están siendo visibilizados por parte de las instituciones públicas, porque el discurso de seguridad se les cae”.
Desapariciones de niñas y mujeres
El panorama de violencia contra mujeres y niñas también se refleja en los casos de desaparición. De acuerdo con el monitoreo realizado por Alerta Raquel, durante los primeros meses del año se han registrado seis casos de desapariciones de niñas y mujeres, lo que mantiene la preocupación sobre la persistencia de este fenómeno en el país.
En las alertas emitidas, se identifican patrones en algunos de los casos reportados. Entre ellos, niñas que viven en contextos de violencia dentro del entorno familiar, así como mujeres mayores que enfrentan condiciones de salud mental o discapacidad física, factores que pueden incrementar su vulnerabilidad frente a distintos tipos de violencia.
Además, advierten la falta de un trabajo articulado entre las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación y protección de las víctimas, situación que dificulta respuestas oportunas y el seguimiento adecuado de los casos.
“Todavía hay mucho desconocimiento sobre el Protocolo de Acción Urgente y sobre los pasos que deben seguir las familias cuando una mujer o una niña desaparece. También existen vacíos en la coordinación entre instituciones que deberían garantizar que la información sea oportuna y clara para quienes están buscando. A eso se suma la poca sensibilidad que muchas veces existe en el personal que recibe las denuncias, especialmente cuando se trata de desapariciones de niñas, adolescentes o mujeres jóvenes, en muchos casos persisten estigmas y prejuicios”, agregó la representante de Alerta Raquel.
Uno de los casos recientes es el de Blanca Saraí Palacios Reyes, una joven salvadoreña de 25 años que fue reportada como desaparecida el 14 de febrero tras viajar a Guatemala. Días después, su cuerpo fue localizado en la zona 11 de la capital guatemalteca, según reportaron medios y autoridades de ese país.
Hasta la fecha, las autoridades de seguridad salvadoreñas no han informado públicamente sobre el seguimiento del caso, pese a que se trata de la desaparición y muerte violenta de una mujer salvadoreña fuera del país. Para organizaciones que monitorean estos hechos, la falta de información oficial también evidencia vacíos en la coordinación institucional y en el acompañamiento a los casos de mujeres desaparecidas.
Tres años sin nuevas leyes para proteger a mujeres y niñas
La respuesta estatal frente a la violencia contra mujeres y niñas también enfrenta vacíos en materia de políticas públicas. El pasado 21 de febrero, la Asamblea Legislativa cumplió tres años sin aprobar nuevas leyes orientadas a garantizar la protección de mujeres y niñas, lo que, según especialistas, limita el desarrollo de medidas estructurales para prevenir, atender y sancionar la violencia basada en género.
En este contexto, el trabajo legislativo también refleja limitaciones: las 18 reuniones de la Comisión de Niñez e Integración Social han sumado 14 horas, 39 minutos y 15 segundos, tomando como referencia la duración de sus transmisiones en YouTube. Este tiempo equivale a poco más de un día laboral —alrededor de dos jornadas—. Durante lo que va de la legislatura, los 32 dictámenes emitidos por la comisión han derivado en la aprobación de 23 decretos y 9 acuerdos.
A esta ausencia de iniciativas legislativas se suma el debilitamiento de algunas instituciones y programas enfocados en la atención a mujeres. Organizaciones de la sociedad civil han señalado, por ejemplo, la reducción del presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), así como los cambios en el funcionamiento del programa Ciudad Mujer, un modelo que durante años brindó atención integral en salud, apoyo legal y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.
El comité que supervisa la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió cerca de 80 observaciones y recomendaciones al Estado salvadoreño, entre ellas sobre la situación de mujeres bajo el regimen de excepción, el abordaje de la violencia de género, acceso a justicia y el papel critico de las Asamblea Legislativa para evitar discursos que deprecien los avances en los derechos de las mujeres.
Además, dio un plazo de dos años para que el país informe cuáles han sido los cambios realizados para cumplir con esos señalamientos.
Por su parte, la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres en El Salvador (REDFEM), en su informe alternativo sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño, hizo un llamado a las autoridades a responder cuáles son las políticas, planes y programas destinados a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, instó a fortalecer la institucionalidad pública con herramientas que permitan la adecuada aplicación de las normativas especiales de protección de los derechos de las mujeres y asegurar la reparación integral para las víctimas.
Más allá de las cifras y los casos documentados, feministas y organizaciones coinciden en que la violencia basada en género continúa siendo un problema estructural que requiere respuestas integrales del Estado. Mientras persistan brechas en la prevención, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia, las mujeres y niñas seguirán enfrentando riesgos que limitan su derecho a vivir libres de violencia.
