La propuesta popular de reforma integral a la Ley del Sistema de Pensiones plantea cerrar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y crear un sistema público, solidario y sin fines de lucro, administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según explicó el economista César Villalona durante una presentación pública de la iniciativa.
Por. Redacción
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a expertos en seguridad social presentaron una propuesta popular para reformar de manera integral la Ley del Sistema de Pensiones, en un contexto en el que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fijaron como fecha límite el pasado 10 de febrero de 2026 para presentar una propuesta formal que modifique el actual esquema previsional del país.
La iniciativa plantea cambios estructurales con el objetivo de dignificar las pensiones, ampliar su cobertura y garantizar la sostenibilidad financiera a futuro.
Actualmente, la pensión mínima en El Salvador es de $304.17 y, de acuerdo con el economista César Villalona, el 60 % de las personas jubiladas recibe ese monto. En 2024, la pensión promedio por vejez fue de $405.84 para los hombres y de $373.16 para las mujeres, lo que evidencia una brecha de género en los ingresos de retiro.
Según los datos expuestos, el fondo de pensiones ronda los $16,000 millones; sin embargo, el Estado adeuda $11,241 millones, es decir, cerca del 70 % del total. Además, señaló que el Gobierno decidió no realizar pagos a la deuda previsional entre 2023 y 2026.
Villalona advirtió que en 2027 el Ejecutivo necesitará aproximadamente $700 millones para cumplir con sus obligaciones. De no hacerlo, aseguró, el fondo podría entrar en crisis financiera.
Propuesta de sistema público y solidario
El documento presentado por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular plantea la creación de un sistema que combine elementos de capitalización individual con un componente solidario administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Bajo esta propuesta, una mayor proporción de las cotizaciones —actualmente distribuidas entre cuentas individuales y comisiones— se destinaría a fortalecer un pilar solidario que permita asegurar mejores beneficios a los cotizantes y reducir el déficit previsional proyectado para las próximas décadas.
Entre los puntos centrales se encuentran el reconocimiento de todo el tiempo cotizado por los trabajadores; el aumento de la pensión mínima de $304.17 a $430, con incrementos anuales del 4 %; la revisión de los años de cotización y de la tasa de reemplazo —proporción entre la pensión y el último salario recibido— para hacerla más favorable al trabajador; y la ampliación de la cobertura a sectores históricamente excluidos, como alrededor de 150 mil mujeres trabajadoras del hogar y 80 mil personas jubiladas del sector público.
Infografía elaborada con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, revisado y verificado por el equipo editorial.
Villalona subrayó además la necesidad de fortalecer la cultura previsional entre la población económicamente activa (PEA), con el fin de ampliar la base de cotizantes y dar sostenibilidad al sistema.
La presentación de esta propuesta se da en un momento en que el Gobierno salvadoreño negocia con el FMI y otras instituciones multilaterales un acuerdo que exige mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones para acceder a financiamiento por más de $1,400 millones.
Según lo expuesto en la presentación, el FMI estaría planteando un incremento de tres puntos porcentuales al IVA como mecanismo para enfrentar la crisis del sistema. Villalona advirtió que una medida de ese tipo encarecería el costo de vida y podría tener repercusiones políticas.
“El problema de las pensiones no es humano, es financiero”, sostuvo el economista. No obstante, añadió que si se incrementa el impuesto al consumo, podría convertirse en un problema social al afectar directamente a la población.
Organizaciones sindicales y colectivos sociales han respaldado la propuesta como una alternativa que pone el foco en los derechos de los trabajadores y pensionados. Para estos grupos, la discusión no debe limitarse únicamente a criterios técnicos o financieros, sino incorporar una visión que garantice pensiones dignas y suficientes.
El debate se desarrolla en un contexto donde menos del 30 % de la población económicamente activa cotiza de forma continua al sistema, lo que mantiene abierta la discusión sobre el futuro del modelo previsional en el país.
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