Organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) presentaron una propuesta de presupuesto alternativa y popular para el año 2025 como rechazo a los recortes en sectores como salud, educación, agricultura en el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025, ya que afectaría a la mayoría de la población en su condición de vida para el próximo año.
Por: Ana Gómez
Fotografías: Fátima Cruz
El pasado 31 de octubre, las organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) presentaron una propuesta de presupuesto alternativa y popular para el año 2025 y expresaron su rechazo al proyecto de Presupuesto 2025 que el Ministerio de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre de 2024.
Las organizaciones del BPR convocaron a la marcha el 31 de octubre, en el marco del Día de la Persona Sindicalista Salvadoreña, para presentar el presupuesto alternativo y popular, y exigir al Estado que respete los derechos laborales.
La comisión de Hacienda y la comisión Especial del Presupuesto 2025 comenzaron en octubre el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025. El monto total en estudio es de $9, 663 millones según lo indicó Jerson Posada, ministro de Hacienda.
“Es un presupuesto que atenta directamente contra las necesidades de las grandes mayorías” mencionó Sonia Urrutia, sindicalista y representante del BPR. Con la aprobación del presupuesto, las condiciones de la población empeorarán, el costo de la vida, la pobreza, la economía, salud y educación.
Las organizaciones sociales denunciaron que el proyecto del gobierno contiene recortes a 14 ministerios y otras instituciones públicas relacionados a la salud, educación, economía, agricultura y derechos humanos afectando directamente a la población.
Las organizaciones proponen aumentos en estos rubros con énfasis en el aumento de inversión social y productiva, recorte en gastos militares y propaganda gubernamental, y medidas de recaudación fiscal.
El presupuesto del BRP es de un total de $10,734 millones. El BPR propone un aumento al Ministerio de Educación, con un monto de $1,750 millones, contrario al recorte en el anteproyecto de ley, le quitan $34 millones y congela el presupuesto de la UES, el total en el anteproyecto es de $1,535.8 millones.
También en el Ministerio de Salud, el BPR plantea un aumento de $1,475.6 millones, mientras que en el anteproyecto se le quita $156 millones, incluyendo $54 millones a los hospitales, siendo el total de $1,170.4 millones.
Sobre los recortes, el BPR sugiere un recorte a los ministerios de Justicia y Seguridad, Relaciones Exteriores, Turismo, Defensa, al Órgano Legislativo y a la Presidencia de la República, el total de los recortes es de -$101.8 millones.
Mientras que el recorte del gobierno es de -$456 millones en total para 14 ministerios, entre ellos el de Salud, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Cultura, Medio Ambiente; y para las instituciones como la Procuradurías General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
“Los recortes a proyectos tiene un mensaje muy devastador en el sentido de que todo programa social que beneficia a la población para este gobierno no es importante”, señaló Delia Cornejo, representante de Resistencia Feminista.
Las principales afectadas son las mujeres que no tendrían acceso a los servicios de instituciones dedicadas a la atención de las mujeres. La aprobación de un presupuesto que no responda con las necesidades de la mayoría, el congelamiento del escalafón y los despidos serían una de las razones para que la situación de las mujeres que trabajan y sostienen sus hogares empeore.
El BPR presenta un aumento para el ISDEMU de $2 millones. Delia Cornejo expresó que si los recortes continúan para esta institución perdería la razón de la existencia del ISDEMU y de los proyectos como Ciudad Mujer, lo que afecta en la disminución de servicios que se brindan a las mujeres.
Las organizaciones invitaron a la población salvadoreña a conocer más sobre la distribución del presupuesto, que poco aseguran a la educación, salud y trabajo.