Por Reiny Ponce
Organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales avalaron las recomendaciones y el contenido del informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual expone que no existe una situación de emergencia que justifique mantener la suspensión de derechos humanos y garantías constitucionales.
Leonora Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, explicó que el Estado salvadoreño debe cumplir las medidas de la CIDH de manera inmediata. “La Comisión hace un llamado para que el Estado de excepción no sea prorrogado y para que se revisen los casos de las personas detenidas y se establezca el debido proceso. Esas son acciones deben cumplirse para prevenir más daños a las víctimas y para que El Salvador pueda considerarse un Estado de derecho”.
Las organizaciones manifestaron que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones como derogar el régimen de excepción, revertir las reformas penales referentes a niños y niñas procesadas, y contrarias a los estándares internacionales, que se logre solventar la situaciones de cárceles. Además lamentaron la posición del Estado salvadoreño en cuanto al informe.
“Hemos revisado el informe y reafirma la información que hemos venido recopilando como organizaciones, con base a los testimonios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que el régimen de excepción ha ido dejando como detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, ausencia de garantías judiciales, muertes bajo custodia del Estado, torturas y malos tratos en los centro penitenciarios”, dijo Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista.
El informe de la CIDH hace un análisis sobre el régimen de excepción y los efectos de los derechos humanos en el país a partir de la entrada del régimen de excepción en marzo de 2022. De acuerdo a la información obtenida, el documento detalla que de marzo de 2022 a noviembre de 2023 fueron detenidas 73 mil personas y la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad.
Alejandra Burgos de la Red de Defensoras, expuso que hay un impacto desproporcionado contra las mujeres y niñez “esta serie de violaciones a los derechos humanos contribuye a que las mismas víctimas de la violencia social siga revictimizando a las víctimas históricas. Este es un informe que respalda los testimonios de las víctimas que no tienen otra opción más que seguir alzando su voces, seguir documentando y buscando justicia. Este es el trabajo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, que es acompañar y legitimar la búsqueda de justicia y verdad”, señaló.
Además se han realizado modificaciones en materia penal, procesal penal y juvenil, reformas que prioriza un modelo punitivo por lo cual el informe aborda los riesgos de la aplicación de estas normativas que son contrarias al marco jurídico interamericano y a los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El Estado debe abordar las causas y consecuencias de la criminalidad desde una perspectiva integral e intersectorial, adoptando medidas de prevención, control y respuesta dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos humanos, incluyendo los enfoques de género e interseccional y con mayor participación de la ciudadanía”, expuso la CIDH en el informe.