Primera entrega. Parte II.
Karina recuperó su libertad el 29 de julio de 2009. Estuvo detenida desde enero de 2002 cuando el personal de salud que la atendió luego de que experimentara un parto extrahospitalario, que derivó en una emergencia obstétrica, la denunciara por aborto. La condena de 30 años se basó en una prueba que incumplía el requisito de ser científica. Un grupo de mujeres feministas la abrazó al conocer su caso en el 2006. Ellas formaron un equipo legal y de peritos quienes lograron que se anulara la sentencia condenatoria. Ese fue el génesis y el primer hito de la Agrupación ciudadana, que durante la última década ha logrado la libertad de 60 mujeres y evitar la condena de otras.
Por: Clanci Rosa
Edición: Metzi Rosales Martel
A inicios de 2009, Karina ya tenía un abogado que la representara: Víctor Hugo Mata. Las feministas que se habían retirado de las reuniones cuando conocieron su caso, tres años atrás, regresaron; y, se unieron otras mujeres. El grupo Solidarixs con Karina creció. Y Patricia Perello, la abogada que identificó la vía legal para recuperar la libertad de esta mujer, vino a El Salvador para explicarles mejor en qué consistía la revisión de sentencia.
Seis meses después de lograr la libertad de Karina, este grupo de personas fundó la Agrupación Ciudadana. Entre las múltiples lecciones aprendidas había una bastante clara: paralela a la batalla legal se sumaba la de calle. Uno de sus principales objetivos: evidenciar el impacto negativo de la penalización absoluta del aborto en la vida de las mujeres y sus familias.
“La More (Morena Herrera, presidenta de la Agrupación ciudadana) dijo que la pelea no solo era legal, sino que también social. Una vez se presentó la solicitud de revisión comenzamos los plantones y los faxes inundaron el juzgado, las compañeras de todos lados enviaban faxes pidiendo que se revisara el caso”, recuerda Mariana Moisa, antropóloga feminista y una de las primeras integrantes de Solidarixs con Karina.
La Agrupación también tocó las puertas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Moisa recuerda que se reunieron con Raquel Caballero, entonces Procuradora de Derechos de la Mujer. Ella consiguió a un abogado penalista para reforzar el equipo de defensa. Después, Fespad sumó otro abogado constitucionalista. Para ese momento ya había certeza de la revisión de sentencia. Estaba programada para el 27 de julio de 2009.
El momento políticamente correcto
El 2009 significó un antes y después para El Salvador: por vez primera la izquierda ganaba las elecciones presidenciales. De la mano del FMLN, Mauricio Funes fue electo presidente de la República. En la Fiscalía General de la República y en el Órgano Judicial se gestaba una crisis. En ese contexto, Morena Herrera pensó que era el momento para presentar el recurso de revisión de sentencia en el caso de Karina. Ella recuerda una dura discusión en el grupo sobre esto. “Pero nosotras insistimos: hoy es el momento, políticamente hoy es el momento”.
Así inició la preparación del juicio. Catholic for Choice dio los $5 mil que se necesitaban para contratar como peritos a René Valló, el forense argentino que en el 2006 analizó el expediente, y a Mario Nájera, forense guatemalteco.
De esta experiencia, Morena Herrera rescata algo fundamental: las feministas se involucraron en todo el proceso: “Les dijimos al equipo de abogados: la estrategia jurídica no la hacen solos. La hacen con nosotras”. Ellas participaron en todas las deliberaciones y en el diseño de la estrategia jurídica. Así fue como aprendieron a defender por la vía legal de los derechos de Las 17 y más. A la fecha esa mística de trabajo se mantiene en la Agrupación Ciudadana.
La audiencia para la revisión de sentencia estaba programada para julio de 2009. Pero surgió algo inesperado: no sabían que los peritos debían traer sus títulos con la postilla de La Haya para que los forenses pudieran ser parte del proceso. Es decir, recibir sus credenciales. En el caso del Nájera, enviaron a un motorista a Guatemala para recoger el título. Sin embargo, para tramitar el sello de La Haya debían hacerlo en la cancillería salvadoreña y este proceso coincidió con el arribo a El Salvador de Mel Zelaya quien era presidente de Honduras y había recibido un golpe de Estado en su país.
Un contacto de la nueva administración del Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador la asesoró y recomendó que era mejor ir a la embajada de El Salvador en Guatemala para tramitar la postilla y después seguir el proceso en El Salvador. Les explicó que podían invalidarles el trámite debido al motivo para el que requerían el título. Morena Herrera hizo un viaje del día a Guatemala porque ese mismo día, antes de las 15 horas, en el Centro Judicial Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez”. Se fue de madrugada y al regresar, en la cancillería salvadoreña ya la esperaba su contacto para sellar el título. El coste de esto era de $25, los cuales fueron aportados por este servidor público como apoyo a la causa.
Antes de las 14 horas el título estaba sellado. Un motorista fue a dejarlo al Centro Judicial, mientras Morena Herrera se iba a una reunión. Así, para ese viernes 24 de julio de 2009 ya estaba todo listo para la audiencia de revisión de sentencia que duró tres días. Al finalizar esta, Karina fue puesta en libertad inmediatamente.
La Libertad de Karina, la esperanza para otras
Desde el inicio, Morena Herrera había estado en el caso de Karina. Para conocerla, se hizo pasar por su tía. Así pudo visitarla en la cárcel para ofrecerle la representación legal de la que más adelante sería la Agrupación Ciudadana. Morena encontró la manera para estar también durante la audiencia de revisión de sentencia. Estuvo los tres días del juicio como asistente no letrada de los abogados. Su trabajo en esa sala de audiencias fue proyectar las láminas del equipo defensor y apoyar en todo lo que ellos requirieran.
La justicia salvadoreña basó su condena contra Karina en estereotipos de género y en una prueba que no cumplía con un requisito básico: ser científica comprobada. “El argumento de que la criatura había nacido viva lo sostenían por una prueba que se llama docimasia hidrostática. Comprueba si los pulmones han recibido aire. Lo cual no quiere decir que eso sea prueba de que ella lo mató. Pero con esa prueba las condenaban. Y aquí la docimasia la hacían en un solo tiempo. En el juicio, los peritos demostraron que esa prueba tiene que hacerse en cuatro tiempos. Cuatro veces. Y alertaron del falso positivo”, explica Morena Herrera.
Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, quien colitigó el caso de Manuela con la Agrupación Ciudadana, explica que cuando la prueba no es integral se cometen injusticias. “Precisamente uno de los alegatos que hicimos ante la Corte Interamericana en el caso de Manuela fue decir que hubo una mala valoración técnica de la prueba porque se usaron técnicas como la docimasia pulmonar, que no son certeras, y no se recabó un acervo probatorio lo suficientemente importante como para llegar conclusiones imparciales”, detalla.
Karina recuperó su libertad el 29 de julio de 2009. Afuera del juzgado, a pesar de que llovía, el grupo de feministas que la abrazó desde el 2006, celebraba. Otras fueron a recoger a la familia de Karina para que se uniera a este momento histórico en la lucha contra la criminalización de las mujeres que experimentan abortos, partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas.
“Creo que el tribunal fue valiente. Estaba dirigido por el juez Martín Rogel Zepeda, por eso me dio tanta lástima cuando este mismo juez, en el caso de agresión de una niña, dijo que el magistrado (Jaime Escalante) no había cometido delito, sino que una falta. Porque era el mismo juez con el mismo nivel de apertura en el caso de Karina”, lamenta Herrera. El 14 de marzo de 2022, el exmagistrado Jaime Escalante fue condenado a 10 años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad.
El triunfo de Karina, el motor de la Agrupación ciudadana
Morena Herrera y Mariana Moisa no tienen ninguna duda de que ese triunfo fue el motor para fundar la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Y para seguir luchando por la libertad de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas.
“Yo una vez dije : esa resolución para nosotras fue muy importante. Porque nos demostró que era posible revertir estas realidades. Aún con las reglas tan injustas del sistema. E incluso con estas reglas del sistema se pueden provocar cambios”, Morena Herrera.
Karina les contó que no era la única mujer condenada por parto extrahospitalario y/o emergencia obstétrica. Habían más, pero no decían nada porque adentro las golpeaban e insultaban al enterarse del delito por el cual estaban condenadas. Así, la libertad de Karina fue solo el comienzo de la lucha por liberarlas a todas. En el 2009, al fundar la Agrupación continuaron un proceso de intercambios y aprendizajes con compañeras de Nicaragua y de México con la experiencia de Las Libres.
Para ese mismo año, decidieron iniciar la investigación para la acción titulada: Del Hospital a la cárcel. “Nos dimos cuenta que eran varias mujeres a quienes la vida se les estaba acabando en la cárcel”, explica Morena.
Este documento ha sido actualizado por tercera vez. En su última edición, que abarca el periodo 2000-2019, la Agrupación ha identificado los casos de 181 mujeres procesadas por aborto o por homicidio agravado, “en casos donde el producto murió en los últimos meses de gestación”.
Para realizar este trabajo contratan a abogadas que van a los juzgados de Sentencia y preguntan cuáles son las sentencias por homicidio agravado cuando la víctima tiene 0 años. “Así las fuimos encontrando. Contratamos a una abogada que pateó todos los tribunales de sentencia del país. Y después con el dato iba a un abogado o abogada a ver en qué situación estaba y si le podíamos representar. Fue así como en el 2010 se identificó el caso de Manuela. Ahí hacemos un acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos de colitigar el caso”, describe Morena.
Las 17
En el 2014, luego de identificar 17 casos de mujeres condenadas surgió la campaña Las 17. Morena recuerda que eran demasiadas mujeres y requerían de varias estrategias para recuperar su libertad. Para idear nuevas formas investigó qué hacían las feministas en otros países. “Tuvimos noticia de Las Libres de Guanajuato. En el 2013, fui a un encuentro y las conocí. Ellas habían logrado la libertad de mujeres condenadas por aborto. En México, tenían una figura con la que el gobernador de cada Estado podía condonar las penas”. Además, hacían presión política y mediática.
Morena no regresó muy feliz porque en El Salvador no existía esa figura. Lo comentó con Denis Muñoz, uno de los abogados que trabajó con la Agrupación ciudadana en algunos casos. Él le explicó sobre la Ley Especial de Ocursos de Gracia, aprobada en 1998. Esta contiene tres figuras para condonar las penas: Amnistía que se aplica a delitos políticos, Indulto y Conmutación de pena.
“Decidimos asumir la estrategia de solicitar indulto. Más tarde usamos la conmutación de pena. Ahí tuvimos críticas de algunas compañeras feministas: nos dijeron que el indulto no elimina las condenas. Eso deja a las mujeres siempre condenadas. Les respondimos que sí, pero que ya habíamos hablado con ellas (las mujeres encarceladas) y nos habían dicho que si esa era la posibilidad de salir de la cárcel, que ocupáramos esas vías legales. Y la verdad que hemos usado todas las posibilidades legales para que salgan”. De 2009 a la fecha, 13 mujeres han recuperado su libertad vía conmutación de la pena, 1 por indulto, 4 por revisión de sentencia y 9 por absolución, entre otros procedimientos que suman 61 mujeres libres.
De El Salvador para Latinoamérica: avances en jurisprudencia y en despenalizar conciencias
Recientemente, la Agrupación ciudadana logró otro hito a nivel interamericano e internacional. En diciembre de 2021, la Corte IDH condenó al Estado salvadoreño por criminalizar a Manuela y por violentar sus derechos humanos. Este año, la Corte ha informado que el caso de Beatriz ingresó a este organismo.
“En el presente caso no cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, señala el tribunal, quien además lista varios puntos que El Salvador debe ajustar para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
La sentencia también ordena regular el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, así como diseñar un protocolo para la atención de emergencias obstétricas.
“El Salvador ahorita tiene que dar un paso importante en lo que respecta el secreto profesional médico y cumplimiento de la sentencia de Manuela; y, viene el caso de Beatriz. Ya no es un caso de criminalización si no que es un caso de falta de acceso a servicio de aborto. Seguramente en ese caso (Beatriz), la Corte ya le va pedir contundentemente al Estado salvadoreño que tiene que despenalizar el aborto”, opina Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
El balance de Morena Herrera, a 13 años de haber logrado la libertad de Karina, es positivo. Conocen mejor el sistema jurídico con todas sus triquiñuelas. “Seguimos con la misma terquedad, tenemos claro que la libertad de cada mujer es una pelea individual, no es que podamos hacer un grupo, pero usamos estrategias comunes. Aprendemos de eso. Hemos logrado la libertad de más de 60 mujeres con distintas estrategias”.
El impacto de esta lucha ha trascendido fronteras. Marta María Blandón, una activista feminista nicaragüense, quien fuera directora de IPAS, considera que toda esta lucha por liberar a Las 17 y más ha sido muy inspiradora en América Latina. “Esa medida tan extrema de encarcelar a las mujeres, la crueldad y la saña de las condiciones carcelarias ha tenido un efecto sensibilizador. Aunque no se ha logrado la despenalización hay más conciencia en la sociedad de que es una realidad que hay que cambiarla. hay más reconocimiento que es una ley injusta”.
Mariana Moisa destaca también el avance en despenalizar las mentes con respecto a la penalización absoluta del aborto y sus consecuencias en la criminalización de mujeres de escasos recursos. “Creo que cambiamos la sociedad y su manera de hablar sobre este tema; y, los cambios culturales se quedan en las sociedades, esos son irreversibles”.
Al cierre de este artículo, 61 mujeres han sido liberadas después de ser condenadas a penas de hasta 40 años de prisión. Por primera vez, la Corte IDH conoció un caso de criminalización de mujeres por emergencias obstétricas y condenó al Estado salvadoreño. Es decir, existe un precedente de otro tipo de violencia que enfrentan las mujeres. Y recién ha ingresado a la Corte IDH el caso de Beatriz, un caso de negación al servicio de aborto.
Esto ha sido el resultado de un trabajo colectivo y transfronterizo, liderado por Morena Herrera. “Yo me siento satisfecha por haber contribuido, y me siento muy satisfecha de que haya muchas personas que hayan asumido esta lucha como propia. Yo creo que en cada caso seguimos aprendiendo. Como decimos: la Agrupación es un comité de lucha que se ha ido formando, que tiene a mujeres capaces en diferentes campos. Yo creo que la Agrupación sigue siendo necesaria todavía, no sé cuánto tiempo. Y yo no sé cuánto tiempo voy a acompañar, pero me parece que hace una contribución específica importante a un campo de lucha, pero necesitamos ser más”.
Para la redacción de este artículo se intentó entrevistar a Karina, pero ella declinó hablar con La Brújula. Después del acoso experimentado durante tres años, luego de que su caso se mediatizara, decidió alejarse de la prensa y de la sociedad que las estigmatizó.
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El 5 de abril, publicaremos la segunda entrega de este especial: el segundo hito de la Agrupación Ciudadana al lograr, paulatinamente, que otras mujeres recuperaran su libertad. Retrataremos la historia de María Teresa Rivera, una mujer condenada a 40 años. La Agrupación ciudadana logró que ella recuperara su libertad vía recurso de revisión de sentencia y que fuera asilada en Suecia debido a la persecución fiscal de la que fue víctima. La historia de María Teresa será el hilo conductor para describir los avances y logros de la Agrupación ciudadana en ese periodo de tiempo.
“Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Revista La Brújula y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea”.
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