Reestructuración municipal debilitó la ya escasa prevención del embarazo en niñas y adolescentes
¿Cuál es el papel de las alcaldías en la prevención de embarazos en niñas y adolescentes? En los municipios con mayores índices de pobreza de El Salvador, este tema no aparece como una política sostenida, sino como una ausencia. Desde 2024, programas de articulación territorial quedaron interrumpidos, credenciales para ejecutar proyectos perdieron validez y las Unidades Municipales de la Mujer enfrentan limitaciones presupuestarias y de cobertura. Mientras los registros de controles prenatales y deserciones escolares, la pregunta sobre qué se hizo para evitar esos embarazos queda sin respuesta.
En 2024 se registró un promedio de 21 casos diarios. La situación se agrava en departamentos como Ahuachapán, Sonsonate y La Unión, donde las tasas más altas del país coinciden con territorios marcados por dinámicas de fronteras, economías informales y uniones tempranas, pero también por municipalidades sin programas sostenidos de prevención ni rutas claras de atención para niñas.
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Revista La Brújula / Edición: Krissia Girón / Fotografía: Menly González
En cumplimiento del principio de protección de la niñez y adolescencia, los nombres utilizados en esta investigación son ficticios. Todas las fuentes especializadas fueron citadas bajo condición de anonimato para proteger su seguridad y sin riesgo de represalias.
A las seis de la mañana el calor ya empieza a instalarse en la casa de Diana, un clima cotidiano en el departamento de La Unión. La vivienda está en la orilla de la calle, en una zona donde el sol cae sin tregua y el polvo se levanta con cada vehículo que pasa. El piso es de tierra y los espacios se dividen con lo que hay a mano: una cortina, un ropero, una lámina que apenas separa un ambiente de otro. La privacidad es relativa.
Su hijo de ocho meses se despierta y rompe el silencio con un llanto breve. Diana se incorpora casi de inmediato. Lo carga, lo acomoda en su hombro, lava sus pequeños pies mientras el día termina de aclarar. Después se prepara para ir al complejo educativo donde cursa segundo año de bachillerato técnico. Tiene 17 años.
A los 16 años quedó embarazada. El Estado reaccionó cuando el embarazo ya estaba en curso: cuando Diana buscó ponerse en controles prenatales, el hospital notificó al Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), institución rectora en El Salvador encargada de “garantizar, defender y promover los derechos de la niñez y adolescencia”. Esta instancia estableció medidas para garantizar que Diana regresara a la escuela. Antes de esta situación, la adolescente no recuerda haber recibido Educación Integral en Sexualidad (EIS) en su centro educativo. “Eso no lo platicaban los maestros”, dijo.
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 muestra que la exclusión escolar aumenta conforme avanza la adolescencia, afectando de forma significativa a las niñas. Estos datos registran a 149,030 niñas entre los 10 y 12 años que asisten a la escuela, mientras que 1,352 están fuera del sistema educativo. Esta última cifra incrementa entre los 13 y 15 años, con 9,079 fuera del sistema, y se profundiza entre los 16 y 18 años, donde 36,930 adolescentes ya no asisten.
El embarazo y la maternidad aparecen como causas directas de esta exclusión. A nivel nacional, 2,826 niñas y adolescentes no asisten a la escuela por embarazos y 7,788 por maternidad.
Diana dejó de estudiar un año. Para ella, volver fue difícil. “Me sentí un poco extraña”, recordó. Hoy recibe apoyo mensual como parte del programa de becas de una organización social, una canasta básica y un kit de higiene para evitar la deserción escolar. En su comunidad, comenta, la mayoría de adolescentes que quedan embarazadas no regresan a clases. “Ya no se mira que estudien”. La maternidad aparece temprano; en cambio, la prevención y la información en EIS demasiado tarde, o es poca o no existe.
El mapa de embarazos en niñas y adolescentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para el periodo 2024-2025 ubica a los departamentos de La Unión, Ahuachapán y Sonsonate entre los territorios con mayores tasas de embarazos. Solo para 2024 se registraron 7,900 embarazos en niñas y adolescentes, un promedio de 21 casos diarios.
Cuando se observa únicamente el rango de 15 y 19 años, las cifras aumentan: Ahuachapán registra una tasa de 40.7%, Sonsonate 37.7% y La Unión 33.4%.
En departamentos como La Unión y Ahuachapán —territorios fronterizos y con una alta proporción de población que ha migrado hacia los Estados Unidos— persisten condiciones de desigualdad territorial y limitada cobertura institucional. En este contexto, la maternidad temprana no aparece como un hecho aislado, sino como una realidad reiterada.
Mientras Diana sueña con estudiar repostería o convertirse en azafata, su historia expone una pregunta más amplia: ¿Cuál es el papel de las alcaldías en la prevención de embarazos en niñas y adolescentes?
Para esta investigación, consultamos con las alcaldías de algunos de los municipios con altos índices de pobreza y de embarazos en adolescentes, según datos oficiales y de organismos internacionales. Entre estos, Ahuachapán Sur, La Unión Sur y Sonsonate Centro. Preguntamos sobre sus programas de prevención y educación integral en sexualidad.
Las respuestas fueron escasas. En el distrito de San Francisco Menéndez, municipio de Ahuachapán Sur, la jefatura de la Unidad Municipal de la Mujer indicó que no estaba autorizada para brindar entrevistas. Se buscó conversar con las unidades de Comunicaciones y Unidades de la Mujer sobre este tema, pero tampoco hubo respuesta. Además, todas las alcaldías consultadas tampoco cuentan con sitios web institucionales y utilizan Facebook como su principal canal de comunicación, donde no se identifican programas sostenidos de prevención.
En territorio, el alcance institucional muestra sus límites. Una técnica de la Unidad Municipal de la Mujer en La Unión Sur, que habló bajo condición de anonimato, explicó que las acciones dirigidas a niñas y adolescentes se realizan de forma puntual, principalmente a través de brigadas médicas y festivales comunitarios organizados, en promedio, una vez al mes en distintos distritos.
Estas actividades combinan jornadas en territorio con atención institucional, pero no forman parte de un programa sostenido de prevención del embarazo adolescente. Señaló que muchas de las intervenciones responden a lineamientos impulsados desde el gobierno central, lo que limita la capacidad local para desarrollar estrategias propias, continuas y adaptadas a las realidades locales.
Un nuevo escenario municipal que acabó con lo poco que había en prevención
En 2023, El Salvador redujo sus municipios de 262 a 44 como parte de una reforma territorial que reorganizó la administración local. La eliminación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que otorgaba recursos directos a las alcaldías, y la centralización de proyectos a través de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), modificaron el margen de acción de los gobiernos locales.
Especialistas consultadas señalaron a Revista La Brújula que este rediseño impactó la continuidad de programas territoriales vinculados a niñez y adolescencia. Algunas unidades de salud pasaron a cubrir poblaciones que abarcan más de seis distritos, dificultando el seguimiento comunitario.
Paralelamente, la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017- 2027 (ENIPENA) ya no se ejecuta. Este fue un plan integral diseñado para erradicar la maternidad temprana a 10 años, creado por el Gabinete Social y de Inclusión, del segundo gobierno del FMLN. Uno de sus mandatos estaba dirigido a los gobiernos locales, para que incluyeran la prevención en sus planes de desarrollo, políticas y ordenanzas locales.
Organizaciones Sociales que trabajan en territorio explican que antes de la reestructuración, existía un trabajo articulado con municipalidades que permitió ejecutar campañas de sensibilización y prevención de violencia contra niñas y mujeres, incluyendo educación integral en sexualidad y prevención del embarazo adolescente.
Con la redistribución municipal, muchas de esas credenciales y autorizaciones otorgadas por alcaldía anteriores dejaron de tener validez.
"Podíamos construir agendas en común con las alcaldías, gestionar permisos y entrar a comunidades con el respaldo institucional. Ahora esa puerta ya no está abierta de la misma manera”, señaló una de las especialistas”
A este escenario se suma la aprobación en 2025 de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece nuevas obligaciones de registro y supervisión para organizaciones que reciben cooperación internacional. Aunque la normativa no prohíbe el trabajo social, varias organizaciones han señalado que el nuevo marco regulatorio ha generado mayor cautela operativa y limitaciones para sostener intervenciones comunitarias.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Nacional de las Mujeres, las municipalidades están obligadas por ley a crear Unidades Municipales de la Mujer (UMM), instancias encargadas de incorporar el enfoque de igualdad y no discriminación en políticas y programas locales. Sin embargo, desde la reestructuración municipal, esta función se ha vuelto más compleja.
Algunas alcaldías han concentrado diversas responsabilidades en una sola unidad, ahora denominada -en algunos casos- como Unidad de la Mujer, Niñez, y Adolescencia, y enfrentan dificultades para abarcar los distritos tras la supresión y bajo presupuesto.
"El embarazo en niñas y adolescentes debe ser considerado como una de las formas de violencia que más impacta en las aspiraciones personales y la salud de este grupo poblacional”, mencionó la representante de organizaciones en los territorios"
“Se ha mejorado la atención cuando la adolescente ya está embarazada”
Revista La Brújula conversó con doctora que atiende de forma recurrente casos de embarazos en niñas y adolescentes en la zona occidental del país. Desde su experiencia en territorio, describe un sistema que ha fortalecido la atención clínica, pero enfrenta límites en prevención.
Aunque la Ley Nacer con Cariño tiene como objetivo fortalecer la atención durante el embarazo y el parto, la doctora advierte que la prevención enfrenta un escenario más complejo. “Se ha mejorado la atención cuando la adolescente ya está embarazada. Pero en términos de prevención, la centralización ha generado más distancia con el territorio”, señaló.
"Todavía se perciben las uniones con hombres mayores como algo normal en algunas comunidades. Y cuando una niña queda embarazada, muchas veces se asume como consecuencia y no como una alerta"
A esto se suma factores socioculturales persistentes como la normalización de las uniones tempranas, la desconfianza hacia los métodos anticonceptivos y el silencio en torno a relaciones patriarcales dentro del entorno familiar.
El Salvador aprobó de forma unánime la reforma al Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años, en 2017. Sin embargo, en comunidades rurales y periurbanas estas relaciones continúan ocurriendo y, en muchos casos, se normalizan.
La Unión 2.1%, Sonsonate 1.9% y Ahuachapán 1.3%. Tasa de embarazo en niñas y adolescentes de 10—14 años.
En el caso de niñas de 10 a 14 años, explicó que todo embarazo constituye violencia sexual. “Hay situaciones de abuso dentro del núcleo familiar que no siempre se denuncian. Si no se trabaja lo cultural y lo educativo de manera sostenida, el ciclo se repite”
Por otro lado, la educación integral en sexualidad dejó de tener un carácter estructurado en el sistema educativo. La doctora explica que anteriormente, el personal de salud abordaba en las escuelas temas relacionados con la prevención del embarazo y métodos de planificación familiar como parte de una estrategia preventiva. Sin embargo, actualmente estos contenidos han sido limitados y reemplazados por temas generales. “Ya no se puede hablar de sexualidad integral como antes. Se habla de proyectos de vida o aseo personal, pero no directamente de prevención. No podemos”, señaló.
También advierte que existe temor entre el personal de salud de abordar estos temas en centros educativos debido al riesgo de represalias laborales. “Hay miedo de hablar con claridad porque pueden existir consecuencias laborales”, explicó. Esta situación, agregó, debilita el enfoque preventivo y restringe el acceso de niñas y adolescentes a información clave, trasladando la intervención institucional al momento en que el embarazo ya ha ocurrido.
El relevo invisible: ¿quién cuida a las y los hijos de las niñas madres?
La cotidianidad de Diana transcurre entre cuadernos y pañales. Para continuar el bachillerato, depende del apoyo de su madre, quien asume buena parte del cuidado del bebé durante las horas de clase.
La maternidad no sólo interrumpió su adolescencia: reorganizó la dinámica familiar y trasladó las tareas de cuidado a otra mujer. Ella insiste en que quiere terminar de estudiar, pero el tiempo ya no le pertenece por completo, aseguró.
Al otro lado del país, en el departamento de Sonsonate, Andrea vive una experiencia distinta, pero atravesada por tensiones similares. Se convirtió en madre a los 19 años. Continua estudiando, aunque reconoce que el impacto no ha sido solo académico, sino emocional.
Cuando se prepara para salir a clases, su hija de dos años se aferra a ella y le reclama porque “la deja” en casa. Es una escena que se repite y que le pesa más de lo que admite en voz alta. Hay días en los que se va con un nudo en la garganta. Sin embargo, cuando el padre pasa varios días fuera y luego regresa, la niña corre a abrazarlo. No hay reclamos, no hay distancia.
Esa diferencia le atraviesa. Habla de tristeza, de sentirse insuficiente, de la presión constante por mostrar que puede ser buena madre y, al mismo tiempo, continuar sus estudios, “A veces siento que tengo que probar que si puedo”, mencionó.
Profesionales en salud mental han analizado la relación entre embarazo adolescente y salud mental explicando que muchas niñas y adolescentes enfrentan sentimientos de culpa, depresión y aislamiento, en un contexto donde el acompañamiento emocional es prácticamente inexistente. La institucionalidad, señala, interviene sobre el cuerpo, pero rara vez sobre las consecuencias psicológicas que deja la maternidad temprana.
En silencio y sin estadísticas claras, la presión que sienten las jóvenes como Andrea no solo atraviesa sus emociones, sino que revela una dimensión más profunda y menos visible de la maternidad temprana: aquella donde la ausencia de prevención y acompañamiento también puede convertirse en un riesgo para la vida.
El informe ¿Sin opciones?: muertes maternas por suicidio, publicado en 2019 por el UNFPA, documenta que niñas y adolescentes embarazadas, especialmente en contextos rurales, enfrentan niveles de angustia y desesperanza, lo que en algunos casos derivan en suicidio, con el consumo de venenos agricolas como uno de los métodos más frecuentes.
La doctora consultada explicó que estas muertes no han desaparecido, pero que hoy son más difíciles de rastrear. “Siguen ocurriendo, pero el registro se ha debilitado. Se ha fragmentado el seguimiento territorial y muchas de estas muertes no se identifican dentro del sistema como lo que son”, señaló.
Los factores económicos, culturales— como la normalización de las uniones tempranas— y la falta de mecanismos preventivos de las instituciones, continúan colocando a las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La psicóloga consultada explica que no todas las relaciones ocurren en condiciones de igualdad. Esta asimetría de poder dificulta que muchas de ellas sean reconocidas socialmente como violencia, incluso cuando constituyen delito. En estos contextos, el embarazo no siempre es percibido como resultado de coerción o abuso, sino como una consecuencia normalizada dentro de la comunidad.
Mencionó que esta clasificación, desplaza el enfoque desde la violencia hacia la maternidad, y contribuye a que el problema sea abordado como una condición social y no como una vulneración grave de derechos. En lugar de ser reconocidos como evidencia de delitos, esos casos permanecen diluidos en las estadísticas.
Desde una perspectiva feminista, Morena Herrera coincide en que la respuesta institucional no puede limitarse a registrar embarazos ni a intervenir cuando la maternidad ya ocurrió, sino que debe transformar el enfoque municipal hacia la prevención y el cuidado.
Esto implica reconocer a las alcaldías no solo como administradoras de servicios, sino como actoras sociales clave en la protección de niñas y adolescentes, con capacidad para articular redes comunitarias, garantizar educación integral en sexualidad y generar entornos seguros.
Un enfoque de cuidados transformadores debe acompañar de forma sostenida las trayectorias de vida de las niñas, intervenir sobre las condiciones que producen la violencia y fortalecer el tejido comunitario. Sin esta articulación territorial, la prevención seguirá siendo una promesa ausente, y la maternidad temprana continuará marcando el destino de niñas cuya infancia debió haber sido protegida.
* Durante el desarrollo de esta investigación, se solicitaron datos al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Fiscalía General de la República, para conocer cifras actualizadas sobre embarazos en niñas y adolescentes, deserción escolar y denuncias de violencia sexual. Sin embargo, las oficinas de acceso a la información de estas instituciones no han proporcionado respues
Este reportaje fue posible gracias al apoyo financiero de Free Press Unlimited, que no influyó en su contenido. Además, forma parte de un proyecto conjunto realizado con Ojoconmipisto, Guatemala.
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