“El agua no nace del chorro” es una de las consignas que las organizaciones ambientalistas han sostenido durante 25 años de lucha por el derecho humano al agua. La frase invita a la población a reflexionar que más allá de la cañería o del tanque, se encuentra un ecosistema donde se produce el agua.
La ONU establece cinco estándares que los Estados deben cumplir para garantizar el derecho humano al agua: disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con estos estándares? ¿Cómo resuelven las comunidades ante la falta de atención estatal en el servicio de agua potable?
En esta segunda entrega, conoceremos cómo las comunidades responden al desabastecimiento con proyectos sostenibles y colectivos, además de la lucha de las organizaciones ambientalistas y ecofeministas que insisten en que el derecho al agua de calidad no se garantiza por completo si las fuentes están contaminadas, el costo y el acceso son desiguales en la zona urbana como rural y cuando impacta de manera diferenciada a las mujeres.
Por Redacción
A las cinco de la mañana, en medio de la neblina que cubre los cafetales de la comunidad San Sebastián Asuchio, en el distrito de Zaragoza, La Libertad, con el murmullo de los pájaros, *Jeny y Ana inician un día normal de trabajo, preparan el desayuno, llevan a sus hijas a la escuela y parten con una mochila al hombro hacia los tanques de agua —a los que llaman con cariño los tíos— estructuras enormes que custodian desde hace dos años. Su trabajo es abastecer de agua a 562 familias.
Después de una hora de camino, llevan sus herramientas, un cuaderno de registros y las pastillas de cloro. Como todos los días clorifican el agua, abren las válvulas, revisan los tubos y se aseguran de que los tanques se llenen para que más tarde la comunidad tenga acceso al líquido.
Su trabajo es silencioso, pero vital, sostiene un sistema comunitario que funciona a la par —y a veces mejor— que el de las instituciones del Estado. Jeny Campos de 32 años, trabaja en el área administrativa y de campo en el sistema de agua, junto con Ana Aguilar aprendió cómo funcionaba el sistema de agua y la curiosidad fue su mejor herramienta para aprender. “yo preguntaba: ´ ¿y por qué se hace así? ¿Cómo tenemos que clorar? ´”, contó entre risas.
Ellas se formaron con el equipo de la Asociación Salvadoreña PRO-VIDA, una organización que lleva años trabajando en la zona y que, al ver el interés de las mujeres, impartieron talleres sobre el manejo del sistema, cómo hacer aforos, interpretar medidores y clorificar correctamente el agua para que llegara segura a las casas.
“Se ve fácil, se cree que es solo darle vuelta a la llave, pero no es así”, explicó. Hay que saber cuándo abrir las válvulas, por cuánto tiempo, a qué sectores abastecer primero y cómo garantizar que el agua llegue con presión suficiente hasta las viviendas más lejanas.
El sistema de agua de Asuchio tiene casi 20 años de funcionamiento. La ADESCO con apoyo de organizaciones construyeron el sistema de agua. Ahora, Jeny y Ana tomaron la “batuta” y son las que gestionan el agua para los 9 sectores de la comunidad Asuchio y dos comunidades de Santa Tecla, que han sido incluidos en la red de distribución.
Los sectores son La Coquera, La Vega 1, La Vega 2, El Frutal, La Esmeralda, La Esmeralda 2, Calle al final de La Esmeralda, Plan de Torres, y El Triunfo Abajo y Agua Zarca, de Santa Tecla donde residen aproximadamente 50 familias.
PRO-VIDA ha trabajado por casi 25 años en la gestión de salud comunitaria y acceso de agua de calidad. La organización ofrece diferentes estrategias para apoyar en el suministro como cantareras de captación de agua lluvia, pozos y algunas veces en la construcción desde cero de un sistema de agua.
“El Estado salvadoreño está en deuda con la gestión comunitaria del agua. Hemos luchado por una Ley General del Agua, que ahora la tenemos, pero que no logra consolidar los beneficios en las comunidades” comenta Karen Ramírez, integrante de PRO-VIDA. Las comunidades al no tener una respuesta del Estado, se convierten en autogestores para solventar el acceso al vital líquido.
“El agua no nace del chorro” es una de las consignas que las organizaciones ambientalistas han sostenido durante 25 años de lucha por el derecho humano al agua. La frase invita a la población a reflexionar que más allá de la cañería o del tanque, se encuentra un ecosistema donde se produce el agua.
La consigna representa parte de las demandas de las comunidades y organizaciones que exigen al Estado proteger las fuentes de las que se abastece a la población salvadoreña. “El agua no va salir del tanque, si la infraestructura en donde se produce el agua no se cuida”, afirma Amalia López, activista ambiental, defensora e integrante de la Alianza Contra la Privatización del Agua.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) establece cinco estándares que los Estados deben cumplir para garantizar el derecho humano al agua: disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con estos estándares? ¿Cómo resuelven las comunidades ante la falta de atención estatal en el servicio de agua potable?
Las organizaciones ambientalistas y ecofeministas denuncian que el derecho al agua de calidad no se garantiza por completo cuando este recurso no llega a toda la población, las fuentes están contaminadas, el costo y el acceso son desiguales en la zona urbana como rural; y, además, impacta de manera diferenciada a las mujeres.
“Llevamos días sin agua” y “¿Cuándo caerá el agua otra vez?”, son las quejas más comunes que la población denuncia en la radio o en redes sociales sobre la falta de agua en distritos como: Soyapango, San Salvador, Santa Tecla y Mejicanos.
El principal suministro de agua potable en El Salvador se realiza por medio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con una cobertura del 44.3% de viviendas, le sigue el suministro comunal con 27.9%, los pozos privados con 7.3% y suministro de empresa privada con 6.1% de viviendas según detalla el VII Censo población y VI de vivienda El Salvador 2024.
El tercer informe del censo revela la distribución de agua por departamento y señala que ANDA es el principal suministrador en los departamentos de San Salvador con el 80.2%, Santa Ana el 46% y La Libertad 44.2% de viviendas. Por otro lado, el suministro comunal es el principal acceso de agua potable para los departamentos de Chalatenango con el 65.5%, Morazán el 50.1%, Sonsonate el 42.9%, San Vicente 39.1% y Ahuachapán con el 38.4% de viviendas.
ANDA, creada en 1961, es la entidad responsable de expandir la red de cañerías en el país, proveer servicios de agua potable y saneamiento a la población. La Memoria de Labores de 2023 de ANDA menciona que la cobertura global de agua es de un 76.7% del territorio del país, un 96.3% en zona urbana y 43.4% en zona rural.
Sin embargo, los datos reflejan que su cobertura sigue siendo parcial y desigual. Amalia López cuestiona que estos datos no detallan cuáles son los municipios de cobertura ni el tiempo que la población tiene acceso al agua.
En el caso de Jeny y Ana como administradoras del agua, abren las válvulas para que llegue a la comunidad a partir de las 4 de la tarde y cierran el abastecimiento a las 8 de la mañana del día siguiente, para que los tanques puedan llenarse nuevamente.
En el verano se vuelve más complejo garantizar la cobertura al agua, cuando no se llenan los tanques y extienden las jornadas de distribución más allá de lo habitual. “A veces estamos hasta las seis de la tarde esperando que se llenen los tanques, ya que el agua llega con menos presión, tarda más, nos toca sectorizar más el servicio y estar pendientes en la noche si en las zonas altas sube el agua”, comparten.
En el invierno, aunque el agua fluye con mayor abundancia y los tanques se llenan más rápido, hay otras complicaciones. “Cuando amanece lloviendo y todo está liso es más peligroso moverse, y si hay una fuga cuesta más detectarla porque todo está mojado”, cuentan. A pesar de estas adversidades, las mujeres se mantienen firmes en su compromiso, haciendo frente a cada obstáculo con organización comunitaria, esfuerzo físico y mucha voluntad.
Las tabulaciones del censo muestran que a nivel nacional solo en el 57.80% de las viviendas cae el agua más de cuatro horas, sin tomar en cuenta la fuente de suministro. La tabla no refleja si hay algún porcentaje de viviendas que tengan cobertura durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin interrupciones, “seguramente la cantidad es menor” afirma López.
Todavía hay personas que no tienen acceso al agua y deben buscar otras opciones como las pipas, camiones cisternas, fuentes cercanas que no están potabilizadas. El acceso efectivo al agua potable se mantiene estancado, comunidades enteras han tenido que crear sus propios sistemas comunitarios ante la ausencia estatal.
Esta realidad refleja no sólo una carencia en la infraestructura estatal, sino también una distribución desigual del recurso según la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas.
Según la “Asequibilidad” uno de los criterios de la ONU, exige que todas las personas tengan acceso al suministro de agua, servicios de saneamiento e instalaciones higiénicas a un precio asequible. Es decir, “pagar por los servicios no debe limitar la capacidad de las personas de adquirir otros bienes y servicios básicos”.
“La desigualdad del acceso al agua, nos muestra una desigualdad económica que profundiza la pobreza del país” expresa Karen Ramírez, ya que la tarifa mínima de ANDA por servicio de acueductos es de $2.29 por el consumo de 0 a 10 metros cúbicos, pero en las comunidades que autosostiene su propio sistema de agua, tiene precios altos, y que la mayoría de zonas rurales es difícil pagar.
“A la gente no le alcanza para cubrir la canasta básica, que, dicho sea de paso, es demasiado básica, es la más pequeña de Centroamérica y la más cara después de Costa Rica”, agregó López, y señala que existen comunidades que pagan alrededor de $25 dólares por el bombeo del agua que consume alrededor de 5 barriles por semana.
Jeny y Ana recorren los 9 sectores a partir del día 17 de cada mes para calcular el consumo de las familias. A través de un sistema de facturación digital y el libro de registros, se emiten los cobros con los montos correspondientes. El cobro se basa en una tabla progresiva definida por los mismos usuarios en una asamblea comunitaria con las ADESCOS.
Una familia promedio, que consume alrededor de 50 barriles al mes, paga $2.50 por el consumo, más $1.28 en cargos fijos y administrativos, sumando un total mensual de $3.78. Entre esos cargos, se incluye un dólar destinado a un fondo de ayuda social, que se utiliza para personas que necesiten alguna ayuda económica y $0.28 que son los gastos administrativos.
El sistema está diseñado también como una forma de incentivar el uso responsable del recurso. A medida que el consumo aumenta, el precio por barril se eleva: de 51 a 100 barriles se paga 10 centavos más IVA por unidad; de 101 a 150, el precio sube a 25 centavos; y de 151 en adelante, se cobra 25 centavos por barril. “Esta tabla se hizo para que la gente aprendiera a cuidar el agua”, explicaron. Aunque hay familias que pagan hasta $15 o $20 al mes por un consumo más alto —porque tienen jardines, lavan carros o viven más personas en una misma casa—, todas conocen las reglas del sistema y aceptan las tarifas acordadas colectivamente.
| De 51 a 100 barriles | 10 centavos más IVA por unidad |
| De 101 a 150 barriles | 25 centavos |
| y de 151 barriles en adelante | Se cobra 25 centavos por barril |
Este modelo autogestionado no solo garantiza el acceso al agua, sino que refuerza valores de equidad, corresponsabilidad y solidaridad entre quienes comparten un mismo recurso.
La recolección de agua sigue siendo una tarea fundamental en muchos hogares salvadoreños, y recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, según el Informe de Investigación: Acceso al agua de calidad realizada en 2023 por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
A nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres participan activamente en el abastecimiento de agua para el consumo doméstico como llenar recipientes, acarrear y almacenar agua, frente a 5 de cada 10 hombres.
Los recorridos que hacen las mujeres para acarrear agua ponen en peligro su seguridad. Salen a las 3 de la madrugada y recorren largos trayectos para buscar agua. “Somos las mujeres las que buscamos alternativas de solución a las problemáticas de escasez del agua”, señala Vidalina Morales, lideresa comunitaria de Santa Jeny , Cabañas.
Vidalina narra que las mujeres fueron mano de obra para la construcción del proyecto de agua para abastecer a la comunidad El Rodeo y han sido las que se involucran en la mejora de proyectos comunitarios de Santa Jeny . “La razón es más que suficiente, cuando no hay agua, a nosotras se nos recarga el trabajo, que ni siquiera es reconocido, ni mucho menos remunerado”.
El proyecto de El Rodeo, es conocido por el uso innovador de paneles solares como fuente de energía eléctrica que funciona para bombear el agua, abastecer a alrededor de 115 familias y que la comunidad pueda tener un precio accesible por el servicio.
La iniciativa tiene casi 8 años, pero la comunidad inició antes en la gestión y búsqueda de apoyo internacional para el proyecto. También buscaron el respaldo de la alcaldía e instituciones, pero no respondieron activamente. Vidalina fue una de las principales gestoras del sistema de agua.
En comparación con Cabañas, las mujeres en La Libertad también participan de forma activa como administradoras del agua. Ana y Jeny , no solo son responsables del agua en su casa, sino que son las principales gestoras del agua y fontaneras de Asuchio. No es una tarea fácil, pues asumieron responsabilidades que tradicionalmente se habían reservado a los hombres.
Sin embargo, “como mujeres corremos un gran peligro”, mencionó Ana. Cuando reciben llamadas de fugas en la noche, ellas deben trasladarse a los tanques para cerrar las válvulas. Una acompañando a la otra, -” el miedo estaba ahí, pero sabemos que nadie más lo haría”. enfatizó.
Jeny y Ana tienen experiencia en la revisión e instalación de los inodoros, reparaciones de fuga, cambios de tuberías y limpieza de tanques lo que les permite brindar un mejor servicio. El agua distribuida es apta para el consumo humano y, en la mayoría de los hogares, se utiliza directamente para beber y cocinar. “La mayoría de la gente aquí no compra agua embotellada. Consumimos la que nosotros mismos distribuimos”, explican con orgullo.
En El Salvador, en el Informe de calidad de agua de los Ríos de El Salvador del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales señalaba que en 2022, el 72.36% de los sitios evaluados tiene una calidad de agua “mala”, el 20.32% es “regular” y un 7.31% es “pésima” que imposibilita el desarrollo de la vida acuática. El informe no cataloga ningún porcentaje como “buena” o “excelente”.
El Río Lempa es una de las 10 cuencas hidrográficas del país y es la principal arteria que abastece de agua potable y genera energía eléctrica en forma parcial al país. Las organizaciones ambientalistas y ecofeministas han denunciado su contaminación y que el bien hídrico se agota cada vez más al no contar con políticas públicas que aseguren su rescate y conservación.
En junio de 2024, la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa entregó una propuesta de ley para la protección, conservación y restauración del río a Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador y a Jorge Urbina, director ejecutivo del Plan Trifinio El Salvador. Pero a la fecha, no se ha mencionado la discusión o avance del anteproyecto por parte de las autoridades.
Para Amalia López, es necesario políticas públicas con un enfoque de cuencas, ya que “permite que los usuarios del agua nos demos cuenta de dónde viene el agua, dónde se produce el agua, quién protege el agua y cómo debería usarse el agua” puntualiza.
La gobernanza hídrica no solo implica las políticas públicas y la inversión pública, incluye la participación ciudadana como un factor clave. Las comunidades tienen claro la importancia de cuidar las fuentes de agua y con apoyo de las organizaciones ambientalistas han podido impulsar esfuerzos comunitarios para el cuidado de sus fuentes, ya que el agua se relaciona con el impacto que tienen en la salud de las personas.
Karen Ramírez, de PRO-VIDA señala que la principal razón de trabajar con las comunidades era para mejorar la calidad de salud, y la clave era que la población tuviera agua potable. “Si lográramos que las ciudades y las comunidades consumieran agua limpia y segura estaríamos avanzando en la reducción de enfermedades”, menciona.
Pero, las fuentes de agua son amenazadas por la contaminación. Las comunidades que no tienen un reservorio de agua, consumen el agua de los ríos, la misma que usan para lavar, lo que provoca enfermedades a futuro.
“Usar aguas contaminadas es más complejo para la salud de las mujeres, aunque esté contaminada, tienen que lavar porque no hay otra”, afirma Magdalena Cortéz, de Fundación Maquilishuat, organización que apoya en diversos programas ambientales, entre ellas, el rescate del Río Sensunapán, liderado por mujeres de Sonsonate.
El Río Sensunapán pasa por las comunidades de Nahuizalco, San Antonio del Monte y Sonsonate. Los desechos de las urbanizaciones y de industrias caen en el río. Las mujeres, principalmente de pueblos originarios, trabajan en proyectos de cuidado del río y en campañas de sensibilización.
“El rescate está en manos de pobladores, de mujeres y de hombres que quieren mantener su recurso”, afirma Cortéz y por eso las organizaciones y activistas recalcan la importancia del enfoque de cuencas, para que sea deber del Estado su cuido y la conservación.
La comunidad de Asuchio depende de un rebalse del río que llaman Manantial, porque se encuentra justo en una urbanización con el mismo nombre, donde residen 75 familias, su sistema de agua trabaja con bombas eléctricas que les favorece un flujo constante. “Ellos tienen jardines, piscinas, grama […]. El gasto de agua es altísimo, no como aquí que una familia de cuatro personas apenas gasta unos 50 barriles al mes”, explican.
Esta diferencia impacta directamente en el acceso: cuando la residencial bombea, el agua deja de fluir hacia los tanques comunitarios y por esa razón Jeny y Ana extienden sus jornadas. Para ellas, esta situación no solo representa una carga adicional, sino también una expresión cotidiana de la desigualdad.
Esta dependencia para acceder a un recurso vital que ellas mismas gestionan refleja las barreras que enfrentan a diario, incluso en el terreno que comparten. Ana afirma que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y mucha fuerza para enfrentar las situaciones difíciles.
“Defenderemos este proyecto, no dejaremos que esto se acabe de la noche a la mañana, tanto que costó que levantaran el proyecto. Ha costado, pero aquí estamos echándole ganas”, afirma Ana, que con su compañera Jeny tiene a sus manos la gestión para darle agua a toda una comunidad.