¡Es justo liberarlas! Un nuevo llamado de justicia al Estado salvadoreño
Por Fátima Cruz- Clanci Rosa
Es justo liberarlas: son mujeres inocentes en un sistema carcelario cruel y precario
En el actual contexto de la emergencia por COVID19 organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han instado a gobiernos a proteger a las personas recluidas y ha sugerido liberar temporalmente a quienes sean más vulnerables, para descongestionar las cárceles y así evitar contagios masivos.
El Salvador es el segundo país en el mundo en la lista de naciones con la mayor tasa de personas encarceladas. Según World Prison Brief (2018) en el país hay 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes, que representa cárceles con mayor hacinamiento.
Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que “las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, deben ser liberados”.
Es este marco, las organizaciones manifiestan la urgencia de dejar en libertad a las 17 y más, porque son mujeres inocentes que nunca debieron ser encarceladas.
Actualmente son 16 mujeres condenadas y privadas de libertad por el delito de Homicidio Agravado, tras experimentar una emergencia obstétrica y/o parto extrahospitalario, es decir condenadas a penas de hasta 30 años. En la actual emergencia las condiciones del sistema carcelario exponen aún mas la vida y salud de esta población.
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Aministía Internacional, explica que la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalrios, e inclusive sospecha de abortos han sido uno de los temas más avergonzantes del país salvadoreño en materia de Derechos Humanos.
«El Salvador ha estado en el ojo de la comunidad internacional, precisamente por leyes draconianas violatorias a los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, generando violencia institucional y estatal (..) que llevan a las mujeres ha enfrentar penas de hasta a 40 años de prisión acusadas de homicidio agravado» expresa.
Por tanto, considera que en el contexto de la pandemia, donde se han exacerbado las discriminaciones, desigualdades y violencias a los Derechos Humanos, es el momento oportuno para que el Estado salvadoreño intente reparar el daño que ha cometido contra dichas mujeres.
«Es necesario que se ocupe la oportunidad para que ellas sean liberadas bajo diferentes mecanismos que puede asumir el Estado, entre ellos el indulto, pero existen otros mecanismos de liberación temprana que puedan beneficiar a estas mujeres que en primer instancia no deberían estar encarceladas» enfatizó.
En El Salvador muchas mujeres siguen en prisión por haber sufrido emergencias obstétricas. La pandemia del #COVID_19 ponen sus salud en mayor riesgo. Ellas merecen estar a salvo junto a sus familias. Tendremos nuestros #OjosEnElSalvador hasta lograrlo. #EsJustoLiberarlasSv pic.twitter.com/eUigptbbmn
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 17, 2020
El Centro de Derechos Reproductivos también acompaña la medida, Catalina Martínez, directora para América Latina explica que este es un pedido que viene desde antes de la COVID-19, en conjunto con otras organizaciones han revisado los casos de las mujeres, y los han llevado a organismos internacionales, porque han entendido que se han vulnerado los DDHH de las mujeres.
«Bajo el contexto del COVID19 esto es más importante y debe ser mas relevante para el Estado y está entre sus obligaciones, porque el contexto de la COVID-19 ha revelado que un grupo de especial vulnerabilidad son las personas que están encarceladas, porque en la cárcel hay un riesgo mayor de contagio» detalla.
Martínez destaca que organismos internacionales han dicho que algunas de estas mujeres están detenidas arbitrariamente, «para nosotras es clarísimo que es justo liberarlas, primero porque están detenidas ilegalmente, segundo porque su permanencia en la cárcel incrementa el riesgo para su salud y vida, que ademas es injusto porque ellas nunca debieron estar ahí, tercero porque ya existen recomendaciones de órganos de Derechos Humanos y ellas son grupo identificable que debe se liberado» enfatizó.
Registros del Portal de Transparencia de la Dirección General de Centros Penales muestran que la población carcelaria hasta diciembre de 2018 era de 39 642, de estos 27 719 eran condenados y 11 923 tenían calidad de procesados. En cuanto a sexo 3 490 son mujeres (8.80%) y 36 152 son hombres (91.20%).
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, enfatizó el compromiso de los Estados de respetar los derechos humanos de las personas encarceladas y evitar amenazas de salud pública, por esto insiste en que deben anticipar medidas de descongestión en las cárceles y dejar en libertad a las personas que se encuentran detenidos y detenidas sin suficientes motivos jurídicos.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los Estados otorgar libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo:
“vale la pena señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido”, expresó en un comunicado la CIDH.
Conforme a lo anterior, las mujeres que han sufrido emergencias obstétricas cumplen con las condiciones para ser liberadas. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en El Salvador existen detenciones arbitrarias a mujeres que han padecido emergencias obstétricas, quienes han sido juzgadas por el código penal vigente que las criminaliza.
Marcela Martino, sub directora de CEJIL Mesoamérica, explica que Las 17 y más son parte de la población en condición de vulnerabilidad, pero a su caso se suma el hecho de haber sido encarceladas por una ley y una política criminal que penaliza las emergencias obstétricas y que las discrimina por su condición de mujeres jóvenes, de baja escolaridad y escasos recursos económicos.
En esa vía, Leonor Elisa Arévalo, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia expone que “en la visita in loco de la CIDH, en diciembre de 2019, se observó que la tasa de hacinamiento promedio en las cárceles es de 142, algunos centros penales tienen hasta un 600% de hacinamiento, en las que existe una atención médica insuficiente y escaso e inadecuado acceso al agua».
Agrega «Lo anterior dificulta implementar medidas de prevención de contagio por COVID19. Por lo tanto, atenta contra la salud y la vida de las personas privadas de libertad, en especial cuando se trata de mujeres privadas de libertad, quienes son sujetas de discriminación multidimensional. ”
Foto/ Clanci Rosa
¿Por qué es responsabilidad del Estado liberarlas?
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, expone que la pandemia ha desnudado desigualdades históricas como la realidad que se vive en las cárceles salvadoreñas y el riesgo inminente de contagio en las mismas. Las medidas homogeneizantes de distanciamiento social e higiénicas como lavarse las manos o quedarse en casa son absurdas para la población penitenciaria.
La iniciativa ES JUSTO LIBERARLAS SV busca la libertad de mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas o abortos, quienes de por sí su paso por las cárceles fue injusto y quienes están lejos de sus familiares e hijes. Además, pretende ampliar el contexto de escucha de las diferentes recomendaciones que el Estado salvadoreño ha recibido en materia de COVID y cárceles. -La iniciativa retoma las historias de mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto, jóvenes que enfrentaron emergencias obstétricas que al solicitar ayuda al sistema de salud fueron perseguidas y encarceladas.
Recientemente el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas manifestó que las mujeres detenidas por emergencias obstétricas están presas de manera arbitraria, por tanto cumplen criterios oportunos para obtener la libertad inmediata. Cabe señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta se encuentran en situaciones parecidas: tienen hijos menores de 12 años que los esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de la condena que nunca debieron haber recibido,- agrega.
Foto/ Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
La abogada Karla Vaquerano explica que la situación que viven las mujeres dentro de las cárceles a raíz de las medidas por covid-19 son preocupantes «en los centros penales no pueden recibir visitas, ni profesionales, ni familiares, están en riesgo siempre, hace poco hubo una alza de casos en centros penales (de hombres) porque como el personal que entra estaba contagiado» detalló.
Las mujeres han perdido el contacto familiar, no es permitido el contacto con su defensa técnica, diferentes programas al interior de los Centros Penales no son realizados, las familias u organizaciones tienen dificultades para orientar ayuda que les contribuya a paliar su estado al interior de las mismas, en el momento que se suspendieron los plazos se interrumpieron las solicitudes que se han generado a su favor, entre otras afectaciones.
Teresa Delgado y Omar Flores, profesionales del derecho de FESPAD, explican que diferentes organismos internacionales han hecho llamado al El Salvador a revisar los casos de las mujeres condenadas con hechos relacionados al aborto, pero ninguna institución ha realizado acciones para acatar las recomendaciones; entre ellas la Fiscalía General, que debe promover revisiones de sentencias condenatorias emitidas en su momento, y Ministerio de Justicia y seguridad Pública, que tiene bajo su conocimiento alrededor de 15 solicitudes de conmutación de las cuales no han existido resoluciones.
En mayo las autoridades reportaron que prisioneros habían dado positivo a pruebas de COVID19. Osiris Luna, director general de Centros Penales, informó a través de una conferencia de prensa sobre los contagios: «Hemos identificado 25 reos positivos de COVID-19 en el Penal de San Vicente y 11 en el penal de Quezaltepeque.
Se ha empezado el tratamiento y la separación de estas personas. En cada centro penal hay un área de aislamiento», expresó. Sin embargo, en una entrevista, 15 de junio, el funcionario comentó que las visitas se suspendieron y las técnicas han sido controladas. Además, aseguró que se podrán realizar audiencias virtuales según la capacidad de la institución.
En relación con la cárceles de mujeres explicó que 14 personas presentaron síntomas como calenturas y otros, pero se descartó que fuera COVID19. Pero, las autoridades no se han pronunciado sobre las recomendaciones de organismos internacionales.
El Estado le sigue fallando a las mujeres
Por 10 años y siete meses Teodora Vásquez fue encarcelada injustamente por sufrir complicaciones obstétricas. Su sentencia contemplaba 30 años en prisión. Ella se encontraba en su trabajo cuando inició a sentir dolores, en ese momento pidió atención médica a través de una llamada, luego de presentar sangrado perdió el conocimiento.
Durante el proceso Teodora no contó con la adecuada defensa legal y hubo diferentes violaciones en el mismo. Fue hasta el 2018 que Teodora alcanzó su libertad ya que se conmuto su pena.
Para Teodora ser mujer en El Salvador es peligroso porque existe una realidad muy dura de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia. Además, serlo y encontrarse en una cárcel es saber que el Estado va a ignorar su situación y va a criminalizarlas, si se es madre significa abandonar a sus hijos. Además, sufrir una emergencia obstétrica es ser procesada sin que se haya demostrado con pruebas suficientes lo ocurrido.
Vásquez explica que la mayoría de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas son madres solteras, tienen hijos e hijas menores, son de zonas rurales en donde no hay acceso a derechos como el Derecho a la Educación, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derecho a la Salud y otros. Añade que es necesario liberar a las mujeres en este contexto de emergencia sobre todo porque se conoce que ellas no cometieron delito, porque es importante que se reúnan con su familia y porque deben de garantizar su salud .
Entrevista completa a Teodora Vásquez.
Voz: Teodora Vásquez. Entrevista: Fátima Cruz
Mujeres Libres El Salvador
Luego de ser liberada Teodora fundó la organización Mujeres Libres El Salvador, misma que está conformada por seis mujeres más que también estuvieron encarceladas.
Desde ahí es donde las mujeres continúan exigiendo que su historia no se repita y que el Estado responda a las que se encuentran privadas de libertad después de haber sufrido emergencias obstetricias. Entre sus objetivos también se encuentra sensibilizar a la sociedad en esta temática.
«Para liberarlas hace falta voluntad política y reconocer que las mujeres nunca debieron ir a la cárcel»
Morena Herrera, feminista y defensora de derechos humanos, expone que las mujeres al llegar al hospital, al sufrir emergencias obstétricas son denunciadas y que se ha logrado, que en algunos casos, se les otorguen medidas sustitutivas al encarcelamiento aunque el proceso sigue y continúan con el riesgo de ser condenadas. Herrera agrega que las mujeres sufren riesgo de vida ante la posibilidad de contagio por COVID19 debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los centros penitenciarios.
Para liberarlas se necesita voluntad política y reconocer que las mujeres nunca debieron de ir a la cárcel. Esto beneficiaria a ellas, a sus hijos e hijas y a toda su familia porque muchos casos ellas tienen demasiados años lejos de sus núcleos familiares y en otros sus hijos o hijas ya no las reconocen.
Morena asegura que este encarcelamiento no se da a todas las mujeres, sino a aquellas que cumplen de alguna un perfil especifico: son mujeres que viven en situación de pobreza o en pobreza extrema, son jóvenes, no tienen un nivel educativo alto y que su entorno familiar posee cierta fragilidad.
Asimismo, explica que las mujeres acuden en busca de apoyo a hospitales o centros de salud y no comprenden porqué las han denunciado ya que no han provocado esas emergencias obstétricas o abortos espontáneos y el personal de salud las persigue e identifica como sospechosas de haber provocado las mencionadas. Lo anterior -tiene relación con la ley que penaliza de forma absoluta todo tipo de aborto y que refleja que en El Salvador no se ha decidido salvar la vida de las mujeres-, concluye la defensora de derechos humanos.
Foto/ Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Por otro lado, profesionales del derecho de FESPAD aclaran que previo la pandemia diferentes organismos internacionales han hecho el llamado a El Salvador para revisar los casos de mujeres condenadas con hechos relacionados a aborto, no obstante ninguna institución ha realizado cambios fundamentales para acatar las solicitudes.
Además, mencionan que la Fiscalía General de la República debe de adoptar una política de género para dar tratamiento a estos casos como lo hizo a finales del 2018, donde se percibieron cambios en casos en concreto, lastimosamente a dicha política no se le dio seguimiento tras el cambio del Fiscal General de la República.
Explican que por esto que la jurisprudencia constitucional ha señalado viable que en El Salvador exista un sistema de indicaciones al aborto para solventar conflictos de derechos fundamentales cuando se presenten, por esto la lucha en favor de las cuatro causales es legítima y constitucional.
Lo anterior afirma que en El Salvador han pasado 22 años con una legislación que condena a las mujeres de forma absoluta y que han transcurrido más de cuatro meses en emergencia por COVID19 en que el Estado salvadoreño no ha dado una respuesta a favor de la vida y salud de las mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que aún pasan sus días en las segundas cárceles con mayor hacinamiento en el mundo.
La reforma que condenó la vida de las mujeres
Son más de 22 años que la justicia salvadoreña legisla contra las mujeres. En 1998 entró en vigor las reformas al Código Penal en el que se prohibiera totalmente el aborto, antes en el código de 1974 y anteriores existían excepciones (aborto culposo: sin intención de provocarlo-, aborto tentado: intento de aborto no exitoso-, aborto terapéutico: para salvar la vida de la madre-, aborto criminológico: violación o estupro -, aborto eugenésico: el feto no sobrevivirá fuera del útero–).
¿Por qué cambió? El anteproyecto de 1997 pretendía ampliar algunos plazos en las excepciones y planteaba desaparecer el aborto atenuado honoris causa (cometido por una causal de honor). Sin embargo, la jerarquía de la iglesia católica rechazó esta reforma al Código Penal ya que consideraban que atentaba al derecho a la vida desde el momento de la concepción.
A esto se sumó la exposición del tema en medios de comunicación como los periódicos de gran circulación, declaraciones del ministro de salud en contra y otros funcionarios de ese momento, y bajo un gobierno conservador de derecha se opusieron a estos cambios alegando que se pretendía legalizar el aborto.
La presión de estos sectores convirtió la intención de la modificación a la incorporación en la legislación a un modelo de protección absoluta, vigente en solo cinco países del mundo, según el informe elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) denominado Pasado y Presente del Delito de Aborto en El Salvador.
Una reforma que castiga sobre todo a las mujeres en situación de pobreza, sin acceso a educación o salud
La reforma de la Constitución ha llevado a la confusión a la población y al equívoco en la interpretación de la norma jurídica a muchos aplicadores e intérpretes del derecho, llevándolos incluso a generar afirmaciones que niegan los derechos fundamentales de la mujer gestante. La misma no debe interpretarse como si unos derechos se deben imponer sobre otros, más bien, debe ir orientada a que los derechos fundamentales de la mujer gestante y el nasciturus tienen el mismo rango constitucional y cuando exista colisión de derechos entre ambos, el Estado debe contar con un mecanismo idóneo para dirimir el conflicto de derechos fundamentales: sistema de indicaciones a la interrupción del embarazo.
Pese a las insistencia, aún no hay respuesta del gobierno salvadoreño. Marcela Martino de CEJIL considera que El Estado de El Salvador le ha fallado demasiado a las mujeres, como para que ahora las exponga innecesariamente al contagio de un virus que puede ser letal.
«Queremos creer que al Estado de El Salvador le interesa la salud y la vida de las mujeres. Queremos creer que particularmente es capaz de reconocer que hay una deuda histórica y estructural con la garantía de la salud integral, la salud sexual y la salud reproductiva que afecta principalmente a mujeres jóvenes, de zonas rurales o empobrecidas y de escasos recursos económicos, muchas de las cuales han sufrido emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios, por los cuales, además han sido criminalizadas» señala.